Atribuyó la decisión de los jueces Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, a su juicio, a la difícil situación de padres que, al mentir, llevó al tribunal y a la nación a creer que sus hijos habían sido agraviados.
«Mi abogado apelará, no inclinaré la cabeza, porque lo primero es que lo he logrado. claro que no les hice daño a ninguno de estos niños, no les hice daño en absoluto. Lo suyo fue dañado”, dijo Silverio al salir de la sala del tribunal.
“ Nos enfrentamos a una cuestión de poder y es importante que la gente lo entienda y lo sepa. Creo que es sólo el comienzo. Arrodillémonos ante Dios y estemos ante la humanidad”, añadió el autoproclamado neurocientífico..
Por su parte, representantes de la Fiscalía calificaron el veredicto como justo y enfatizaron que el tribunal evaluó correctamente las pruebas presentadas.
El Tribunal La sentencia también condenó a los imputados al pago de P2 millones a cada una de las nueve presuntas víctimas y partes civiles. Deberá cumplir su condena en el Centro Correccional de Mujeres de Najayo.
El congresista alega que Elizabeth Silverio se tergiversó ante los padres de la menor al presentarse como profesional médica, utilizando documentos falsos. Demuestra que a través de estos documentos ha brindado servicios de psicoterapia, realizado consultas y evaluaciones y publicado informes que contienen recomendaciones sobre la aplicación de la terapia.
Además, dijo la Fiscalía, también utilizó un sello de goma con signos de falso exquatur, con los que firmó los diagnósticos que entregó, acto que causa graves daños emocionales, psicológicos y espirituales a los menores, especialmente a aquellos con trastorno del espectro autista, quienes dependen de la atención especializada que ella afirma que se les brindará.
Los cargos contra Elizabeth Silverio Silien se basan en violaciones a los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal dominicano, además de los artículos 92, 93 y 156, párrafo 7, Ley 42. -01 de Salud Pública y el artículo 12 de la Ley 136-03 que establece el Código de Derechos Fundamentales de la Niñez y la Adolescencia.
