Conocimiento de la solicitud de medidas coercitivas dirigida a los involucrados en la denominada Operación Camaleón, en la que el ex director del Instituto de Tránsito y Transporte Nacional por Carretera, demandará a este Martes (Entrada), Hugo Beras, el empresario «Jochi» Gómez y 8 personas más, por presunta malversación de más de 1,300 millones de pesos de depósitos de plata como parte del acuerdo para implementar el sistema de semáforo de Santo Domingo.
Esto La audiencia del martes está programada para las 2 p.m. Personas acusadas por la Fiscalía de pertenecer a una presunta red llegaron al Juzgado de Ciudad Nueva, donde el Primer Juzgado Universitario del Distrito Nacional conoció el pedido de la Fiscalía, que solicitó la detención de la habitación impedida al imputado y el caso fue declarado complicado.
En la imagen de la aparición de quienes presuntamente formaron una red contra recursos estatales, se puede ver a Hugo Beras, portando casco, chaleco antibalas y esposas, como marcan los protocolos de seguridad. .
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, el alcaide Frank Díaz, ex alguacil coordinador de expedición y representante de Beras ante el Comité de Adquisiciones de INPUT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, ex director de tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exdirector del Centro de Operaciones de Tráfico del INCOM; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director financiero y administrativo del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas.
Este grupo está acusado de pertenecer a una red de crimen organizado y corrupción especializada en malversación y fraude de estados insulares, falsificación, cartelización de funcionarios, contrabando, comercio ilegal, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y suplantación de identidad.
Los cargos penales contra estas siete personas se encuentran detallados en la orden de aprehensión número 2024-AJ0020784, a solicitud de fiscal Camacho, emitido por la jueza del Décimo Juzgado Directivo del Distrito Nacional, Fátima Scarlette Veloz Suárez, en el que se declaró que la investigación de la comisión violaba el artículo 146, numeral 1, de la Constitución; Artículos 123 y 124, 147, 150 y 151, 171 y 172, 265 y 266 y 405 del Código Penal.
