SAN DOMINGO.- El coordinador de la Mesa de Diálogo de Autismo, Fernando Quiroz, criticó que a 17 meses de la promulgación de la Ley 34-23 de atención, integración y protección a personas autistas, la El gobierno está «sordo» a las demandas de miles de familias que aún carecen de los recursos necesarios.
Quiroz, que lucha por la aplicación de las normas, subrayó en un comunicado de prensa que esta indiferencia de las autoridades persiste, incluso luego de que el Poder Ejecutivo presentara a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de finanzas generales del Estado de 2025, estipula el gasto de mil 484.234,6 millones de pesos.
Los activistas por la inclusión compararon la velocidad con la que actúan el Poder Ejecutivo y el Asamblea Nacional, dominada por el oficialista PRM, avanza con propuestas de reformas constitucionales, mientras la aplicación de la Ley 34-23 sigue estancada.
Quiroz es uno de los impulsores de la iniciativa liderada por el exsenador Franklin Rodríguez, de San Cristóbal y Dionis Sánchez, de Pedernales se presentaron ante la Asamblea Nacional. En el Congreso, diputados y senadores, de todos los partidos representados, votaron abrumadoramente a favor de esta idea.
Recomendó al presidente Luis Abinader nombrar a la vicepresidenta designada Raquel Peña, quien demostró gran sensibilidad hacia los temas de derechos humanos. poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores, para velar por la aplicación de la ley, acompañados por el Secretario de la Presidencia, José Ignacio Paliza y su equipo. Es urgente, argumentó, prestar atención rápida a la educación, la salud, la terapia y la seguridad social; y sobre todo la detección temprana para determinar las acciones correspondientes y buscar una mejor calidad de vida de la persona afectada.
Ley 34-23
La Ley 34-23 dispone que, además Además de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Dominicana, las personas con trastorno del espectro autista (TEA) también tienen derecho a recibir un diagnóstico y evaluación clínica temprana, especializada, precisa, accesible e imparcial.
También estipula que las personas con TEA deberán recibir un certificado de valoración y diagnóstico para determinar su nivel de espectro, así como el acceso a consulta clínica y terapias intervencionistas especializadas dentro de la red hospitalaria pública del país, así como terapias de rehabilitación.
