Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció la dotación de RD$300 millones a la Procuraduría General de la República (PGR) para desplegar un sistema de bloqueo de señal en los centros penitenciarios del país.
La medida apunta a combatir la creciente incidencia de delitos cibernéticos y fraudes telefónicos que se originan en las prisiones.
La Junta Directiva de Indotel aprobó los fondos necesarios, reafirmando nuestro compromiso de crear un entorno digital seguro, priorizando tecnologías que mejoren la seguridad dentro del sistema penitenciario.
En carta dirigida a la ministra de Justicia, Miriam Germán Brito, Gómez Mazara explicó que las estadísticas de criminalidad en las cárceles eran alarmantes, lo que motivó el rápido desembolso de fondos. “El 90% de las llamadas de estafa doméstica provienen de centros penitenciarios”, señaló, destacando la importancia de erradicar este tipo de actividades delictivas.
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Además, también anunció el lanzamiento de una campaña educativa para crear conciencia sobre las llamadas fraudulentas y el impacto negativo de las mismas, con el fin de detener a estos delincuentes.
Proyecto de instalación de bloqueador de señal Comenzará en cuatro Centros penitenciarios estratégicos: El Pino en La Vega, el Centro de Rehabilitación Correccional y Rehabilitación 15 en Azua, Anamuya en Higüey y el Centro Penitenciario de Santiago. Estos centros fueron elegidos debido al alto índice de ciberdelitos cometidos a través de teléfonos móviles.
Puedes leer: Indotel lanza plan para el uso seguro de Internet La implementación de estas herramientas de bloqueo permitirá no solo protege eficazmente la seguridad digital sino también la seguridad nacional, al evitar que los prisioneros utilicen dispositivos móviles para cometer actos de fraude electrónico, extorsión y otras actividades ilegales que impactan a personas y empresas en toda la República Dominicana.
Abuso de teléfonos celulares en Las cárceles han sido identificadas como una de las principales herramientas que permiten cometer delitos cibernéticos. Actualmente, más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a personas proceden de estas zonas, lo que demuestra la urgencia de esta iniciativa.
