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Jochi Gómez fue trasladado a la Fiscalía General para un nuevo examen

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Falsificación, alianzas oficiales, contrabando, comercio ilegal, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, mediante alta tecnología y 'robo de identidad'.

Así lo informó su abogado Carlos Balcunger al salir del penal en el juzgado de Ciudad Nueva, donde visitó para conocer su estado.
José Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogado por su participación en una red de corrupción y crimen organizado «especializada en malversación y defraudación al Estado». falsificación, alianzas oficiales, contrabando, comercio ilegal, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, mediante alta tecnología y ‘robo de identidad’.

Así lo informó el abogado Carlos Balácer al salir de prisión. Juzgado de Ciudad Nueva, donde lo visitó para conocer su estado.
Después de ser interrogado sobre las acusaciones contra su defendido, acusado de terrorismo anunciado y la pena máxima era de 40 años, señaló que » Podrían ser 100 años de prisión, no importa, no hay pruebas suficientes para justificar esta sentencia. Ni los fiscales «Yeni (Berenice) ni Wilson (Camacho)» no buscaban la caja roja donde supuestamente Jochi Gómez contenía el Pegaso. virus, donde, a su juicio, no existía.

La PGR fue calificada como «Operación Camaleón», asunto en el que, además de Gómez, estuvo Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional Instituto de Transporte y Transporte Carretera (Intrant), organizaron Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, ex director de tecnologías de la información y comunicaciones de esta entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de oficina y representante de Hugo Beras ante el comité de compras nacionales; Pedro Vinicio Padovani Báez; ex Director del Centro Central de Control de Tránsito Interno; y Carlos José Peguero Vargas.

Entre los presuntos incidentes se encontraba el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semáforos de la región del Gran Santo Domingo; Contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio de 2020, utilizado para usurpar funciones de los organismos de inteligencia, seguridad, defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en el semáforo de la red en agosto.

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