La Fiscalía presentó este viernes una solicitud solicitando la aplicación de medidas coercitivas contra el imputado en la Operación Camaleón, acusado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado especializada en malversación de fondos, fraude al Estado, falsificación, cartel oficial, contrabando, comercio ilegal, sabotaje, terrorismo contra infraestructura piso crítico y suplantación de identidad.
Además, representantes de la Fiscalía especializada en combatir la corrupción administrativa (PEPCA), solicitó una declaración sobre el nivel de complejidad del proceso. Las autoridades revelaron que los imputados en la Operación Camaleón son el exdirector del Instituto Nacional de Transportes y Transportes Viales (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, coordinador de transporte y representante de Beras en el comité de compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, ex director de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exdirector del Centro de Control de Tránsito del INCOM, y Carlos José Peguero Vargas. Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y negocios en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
En el operativo participaron unos 170 miembros de la Policía Nacional, Unidades Especiales y otros, incluidos 30 fiscales especializados en la lucha contra el crimen organizado.
Durante la búsqueda se incautaron cientos de pruebas que confirman las acusaciones de la audiencia del Ministerio. Es por ello que el fiscal calificó la Operación Camaleón como una de las campañas «más exitosas» contra el crimen organizado.
La solicitud de medidas coercitivas tiene factores suficientes para que el tribunal acepte la solicitud del público. El Ministerio sobre las medidas de ejecución aplicadas y declaraciones sobre la complejidad del proceso.
Representantes de la Fiscalía revelaron que mantenían un contrato fraudulento relativo a la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de los organismos estatales de inteligencia, seguridad y defensa, así como pruebas del sabotaje a la red de semáforos en agosto, asuntos que son objeto de imputación.
Los imputados de Operación Camaleón están siendo investigados por conductas típicas previstas en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (prohibición de la corrupción); artículos 123, 124 (unión de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documentos privados); 171 y 172 (malversación), artículos 265 y 266 (conspiración para delinquir), así como el artículo 405 (fraude al Estado de Dominica) del Código Penal dominicano; Los artículos 11, 17, 27 y 28 (sabotaje, usurpación de identidad, delitos y ofensas contra la patria y actos de terrorismo), de la ley núm. 53-07, lucha contra la delincuencia y los delitos de alta tecnología.
Así como los artículos 5, 33, 34, 35, 36 (mercancías de contrabando) de la ley núm. 17-19 sobre la eliminación del comercio ilegal, el contrabando y la falsificación de productos regulados; y artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 (lavado de dinero) Ley N° 11/2014/TT-BTC. 155-17 relativo al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la ley no. 267-08 relativa al terrorismo y creación del Comité Nacional Antiterrorista y de la Dirección Nacional Antiterrorista, los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, para controlar y administrar armas y municiones, productos farmacéuticos y materiales afines, todo para en perjuicio del Estado dominicano.
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