La nueva ley de inmigración pretende castigar con prisión a los migrantes repatriados que regresen ilegalmente a República Dominicana

Si la persona regresa por tercera vez y no tiene antecedentes penales, será multada ‘diez veces’ hasta 20 del salario mínimo en el sector público o 90 días de prisión o ambas penas al mismo tiempo, establece el proyecto.

Además de modificar el artículo 8 de la ley 285-04 sobre inmigración, el nuevo proyecto conocido por el Senado de la República propone diversas sanciones contra migrantes repatriados que regresen al país.

De aprobarse el proyecto de reforma a la ley general de inmigración, establecerá que si la persona ingresa al país de manera ilegal, por primera vez , sin antecedentes penales, se le impondrá una multa de entre 2 y 5 del salario mínimo regional o de 15 a 30 días de cárcel o ambas penas al mismo tiempo.
De igual forma, los reincidentes pueden ser “multa de 10 a 20 salario mínimo en el sector público o de 60 a 90 días de prisión o ambas penas al mismo tiempo”.
Si la persona regresa por tercera vez y no tiene antecedentes penales que conste, serán multados de diez a veinte salarios mínimos en el sector público o de 60 a 90 días de prisión o ambas penas de igual duración, establece el proyecto.

El documento legislativo también estipula que toda persona , sin consentimiento Por acuerdo de las autoridades respectivas, después de haber sido reconocido haber cometido un delito o un delito conducente a la deportación o deportación, regresar ilegalmente a la República Dominicana, estará sujeto a una multa de entre 10 y 20 del mínimo regional. salario del sector público o de seis meses a dos años de prisión o ambas penas al mismo tiempo.
» Multa de veinte a cincuenta salarios mínimos en el sector público o de tres a cinco años de prisión o ambas penas. al mismo tiempo, toda persona que, luego de ser deportada o deportada por haber cometido un delito en la República Dominicana, regrese ilegalmente”, señala la propuesta de reforma a la ley 285-04.
De igual manera, una multa de de cincuenta a cien salarios mínimos en el sector público o de cinco a diez años de prisión o ambas al mismo tiempo, «quién preside las comisiones de trabajo relacionadas con sus calidades».
El proyecto presentado por el senador de la provincia de Espaillat, Carlos Gómez, también eliminó en el artículo 8 al presidente de la Comisión de Interior y Policía del Senado y al presidente de Interior y Policía de la Cámara de Representantes del Consejo Nacional de Migraciones.