Ballester señaló en un comunicado que en los operativos en barrios y sectores del Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, Santiago y La Altagracia, participan las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el Ministerio Público.
Explicó que el protocolo establece que cuando esas personas sean llevadas a los centros de interdicción, si no tienen un proceso migratorio abierto en la DGM serán deportadas a su país.
Aunque el comunicado publicado en el portal de Migración precisa que «este operativo busca reducir el exceso de población migrante en las comunidades dominicanas», sin mencionar a los ciudadanos de Haití, es evidente que el operativo es dirigido especialmente a esas personas.
Tras el anuncio del Gobierno, la canciller de Haití, Dominique Dupuy, llamó a la administración de Luis Abinader “a respetar los derechos inalienables de cada niño, cada mujer y cada hombre” objeto de esta acción.
El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, reiteró el miércoles pasado al término de la reunión del Consejo de Defensa el compromiso del Gobierno de proteger la soberanía nacional.
Expresó que a pesar del respaldo internacional y de la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití para la Pacificación liderada por Kenya, los resultados hasta ahora son limitados.
Manifestó que ante esta realidad, República Dominicana está obligada a actuar de manera responsable para garantizar la seguridad y estabilidad en el territorio nacional.
