Viceministro de Naturalización y Migración, Juan Manuel Rosario.
SANTO DOMINGO.- Ministerio del Interior y Policía (MIP) lo calificó como una amenaza a la soberanía de la República Dominicana, alegando intentos de ciertas regiones de imponer secretamente la ciudadanía a extranjeros que no respetan los requisitos legales establecidos.
En un documento de prensa enviado a ALMOMENTO. NET, subsecretario de Naturalización y Migración, Juan Manuel Rosario, advirtió contra cualquier intento de registrar el estado civil o por otros medios ilegales. Funcionarios dicen que con el pretexto de proteger los derechos humanos de quienes ingresan ilegalmente al país, se han puesto en marcha un conjunto de lineamientos que buscan desconocer los derechos soberanos del pueblo dominicano, para ser apoyados por la comunidad internacional. . tratados que regulan las relaciones entre los Estados.
Dejó en claro que no se puede obligar al Estado dominicano a asumir responsabilidades que no le corresponden, como brindar servicios de salud, educación o ciudadanía a quienes no cumplen con los requisitos legales para afrontar las consecuencias derivadas del ingreso ilegal de extranjeros en contravención de la legislación nacional.
DEFENSORES DE LA SOBERANÍA HAN SIDO NEGADOS Y AISLADOS
«Colectivo o Los derechos humanos de tercera generación reconocen el derecho de los pueblos a la libre determinación. En este sentido, el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos defiende este principio, permitiendo a los pueblos determinar sus condiciones políticas y promover su desarrollo económico y social. su cultura”, enfatizó Rosario.
Es lamentable que quienes defienden la soberanía nacional ante estas presiones internacionales hayan sido aislados y deliberadamente difamatorios, enfatizando que. La defensa nacional no permite puntos en común. «La defensa de nuestra casa nacional es clara: está protegida o amenazada, no hay lugar a la ambigüedad ni a la manipulación», añadió. Los propios derechos establecen que cada Estado está obligado a respetar y garantizar los derechos de todas las personas que habitan su territorio, siempre que estén sujetas a su jurisdicción.
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