FJT dice arrendamientos que superen los 200 salarios mínimos en el sector público no pueden ser firmados por el Presidente.
Justicia y Transparencia (FJT), solicitó ayer la Intervención urgente del presidente Luis Abinader, para frenar el “carnaval maratoniano” de arrendamientos inmobiliarios por valor de millones de dólares, “a un precio descarado”. El vicepresidente de la organización, Máximo Calzado Reyes afirmó: “Los funcionarios vienen haciendo esto desde hace muchos años, lo que ahora se ha ampliado y profundizado en la actual administración de gobierno, gastando decenas de miles y miles de miles de millones de pesos, en detrimento de los bienes públicos. .”
El jurista advierte que esto representa una ilegalidad por parte del gobierno, ya que los arrendamientos u otros contratos que superen los 200 Salarios Mínimos del sector público no pueden ser firmados por el presidente Luis Abinader, quien, como condición, debe ser conocido por el Congreso. .
Reyes mencionó el artículo 128 de la Carta Magna, donde establece y aclara la facultad. del primer presidente, para enajenar o influir en la renta nacional, sobre bienes o recursos públicos, como control incluso sobre el presidente de la república, previa aprobación de la Asamblea Nacional y ratificación, deduciéndose de ello la inconstitucionalidad e ilegalidad de los contratos antes mencionados.
«Tiene derecho a firmar contratos y presentarlos a la Asamblea Nacional para su aprobación cuando contengan las siguientes condiciones: cláusula relacionada con el impacto del ingreso nacional, en la transferencia de riqueza bienes del Estado, cuando movilicen empréstitos o cuando otorguen exenciones tributarias en general, de conformidad con la Constitución.
El monto máximo que dichos contratos y exenciones podrán ser suscritos por el Presidente de la República sin con la aprobación de la Asamblea Nacional, será de 200 salarios mínimos en el sector público”, literalmente se duplica la declaración en el inciso d.
Calzado Reyes, condena esta práctica común y otros gobiernos, con rentas exorbitantes durante algunos períodos constitucionales y fuera de la planificación anual normal del Presupuesto General del Estado.
Aseguró que así lo evidencian los escándalos registrados en la Oficina de Información y Comunicaciones del Gobierno Tecnología (Ogitc), que supuestamente lideró la licitación para el arrendamiento a 10 años del edificio por valor de $1.400 millones RD$.
El titular de la institución, Bartolomé Pujols, asegura que este trámite realizado con Inmobileiaria Reservas y AFI Reservas, empresa pública, se justifica porque evita tener todo el dinero para comprar inmuebles .
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