El filósofo estadounidense Lon L. Fuller (La moral del derecho, 1964) incluyó la claridad de las reglas en sus principios éticos. Y aunque su colega Herbert L. A. Hurt negó más tarde tal categoría y la redujo a una norma efectiva, lo cierto es que el derecho a comprender -o entender- el lenguaje jurídico (incluso el de ser juez Juan Carlos Campo considerado «constitucional») se ha convertido en un preocupación constante que, de no ser tomada en cuenta, socavará la calidad de la democracia.
Santiago Muñoz Machado, presidente Gobernador de la RAE y reconocido jurista, preguntó recientemente a todos (Principios Fundamentales del Lenguaje Claro, 2024) reconocer el derecho a comprender como un derecho subjetivo y exigible. “La justicia”, enfatizó Muñoz Machado, “tiene fama de oscura, los legisladores son aún más oscuros y los abogados se esconden en las sombras para engañar”. Fama cree y creo que es digno, aunque no sólo aplicable a los activistas legales sino también a los de la sociedad, en su beneficio y con el apoyo de los consumidores incomprensibles y confusos. De Se trata, añade el académico, de establecer la claridad como obligación de los poderosos y como derecho de los destinatarios de sus mensajes, precisamente en el grado de libertad de pensamiento y libertad de expresión. El surgimiento de lenguajes inclusivos y políticamente correctos, impuestos por el poder político, constituye el mayor desafío al objetivo de claridad en nuestro país. Decirle a alguien cómo hablar es característico de los regímenes intolerantes y autoritarios. Este boletín orwelliano fomenta también otro gran fundamental: el de no decir la verdad, escondiéndola en la naturaleza compleja de las palabras.
Por lo tanto, debemos defender la claridad lingüística como la base de los valores democráticos. En este sentido, me parece insalvable el texto del artículo 148 del Reglamento del Notariado: ordena que los documentos públicos deben redactarse en un estilo claro, claro, preciso, sin frases ni términos oscuros o ambiguos, y cuando se observen, como imprescindibles. reglas, honestidad en el concepto, corrección en el lenguaje y rigor en la forma. Así es como podemos entender todos los actos, escritos o verbales, que ordenan o aplican la ley. Con este nuevo derecho de comprensión reaparecerá nuestra verdadera identidad como ciudadanos, habiendo ido más allá del sujeto.
