Estamos muy lejos de la época en que en nuestro país vivíamos el miedo a las desapariciones forzadas, esta medida represiva se utiliza para sembrar el terror sobre las políticas de los opositores. . Este período de tiranía que nos cuentan nuestros padres o que leemos en los libros de historia, donde por culpa de la dictadura las víctimas eran separadas de la sociedad y sus familias tenían que esperar a que regresaran, esperar noticias durante muchos años, con casi en la mayoría de los casos la certeza de que el resultado final será devastador. Gracias al proceso democrático que ha vivido nuestro país desde 1978 y a las instituciones cada vez más fortalecidas del Estado dominicano, podemos afirmar hoy que nunca más volveremos a presenciar comportamientos como este también en la República Dominicana.
Hoy la sociedad tiene otras preocupaciones y otros desafíos. Las desapariciones de hoy no están motivadas por razones políticas, provienen de otras causas, tienen otros componentes que hasta ahora hemos pasado por alto, creando una sensación de misterio e inseguridad en torno a cada caso. Lo que está claro y evidente es que se trata de una preocupación creciente en nuestro país. Según datos que mantienen las autoridades, en 2021, 2022 y 2023 se reportaron más de 600 personas desaparecidas, y al cierre de agosto de 2024 se registraron más de 300 denuncias. Son estadísticas muy preocupantes.
Las desapariciones causan sufrimiento a los familiares, afectando su estabilidad psicológica y emocional. Pero esto también les afecta económicamente, ya que el proceso de búsqueda requiere una importante inversión de tiempo y dinero, que, lógicamente, afecta especialmente a las familias menos protegidas y, por tanto, no sólo la persona desaparecida sino también sus familiares y seres queridos se convierten en víctimas. .
Motivado por esta triste realidad, Lcdo. Orlando Jorge Villegas presentó al Congreso un proyecto de ley sobre el Sistema Alerta Ámbar cuando era diputado del Distrito Nacional (Legislatura 2020/2024), proyecto impulsado e impulsado por la señora Yocasta Díaz, madre del joven desaparecido. el pasado año 2022, Alexander Moisés Sang Díaz y otras familias afectadas. El texto legislativo recibió un apoyo abrumador de los delegados de todos los partidos y pretende establecer una Brigada Nacional de Sistemas de Alerta Ámbar, presidida por la Fiscalía General de la Nación y que incluiría también a la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y el Instituto Nacional. . de Telecomunicaciones, además de la Asociación de Empresas de Tecnología y Comunicaciones, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, C5i, las Fuerzas Armadas, la Dirección de Investigación de Delitos y Ciberdelincuencia y el Cuerpo de Bomberos. Esta ley tiene como objetivo establecer un procedimiento que establezca las acciones que deben tomar todas las autoridades competentes y alertar de manera inmediata a la población sobre la ocurrencia de estos casos. Este sistema ha sido implementado en varios países y su principal característica es la importancia de dar un aviso inmediato por todos los medios (tecnológicos) disponibles para que llegue a la mayoría lo más rápido posible, este aviso puede expresar la diferencia de ese momento. posibilidad de desaparición, especialmente en el caso de menores de edad. Son los niños a quienes debemos prestar más atención, porque lamentablemente son los más vulnerables a la trata de personas y la explotación sexual. En una conferencia reciente en el país, el ex agente de la CIA (Oficina Central de Inteligencia de los Estados Unidos), Tim Ballard, quien inspiró la película «El sonido de Fredrom», nos habló sobre la escala de este fenómeno y la necesidad de que nuestro gobierno lo enfrente. este problema. desastre de manera drástica, especialmente porque la República Dominicana es parte de una isla, fronteriza con la República de Haití, país vecino que actualmente está sufriendo importantes pérdidas en términos de seguridad pública.
Las desapariciones se han convertido en un epidemia en nuestro país y es urgente que este tema sea abordado desde una perspectiva de seguridad nacional. Esperamos que este proyecto, ya sea por ley o por otro instrumento administrativo, se implemente lo antes posible y así podamos tener un protocolo para abordar el problema de manera coordinada y brindar el apoyo y acompañamiento necesario. para las víctimas y sus familiares. tanto a nivel técnico y logístico como psicológico y emocional.
