La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente, Surun Hernández, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en la que la organización acusó a Bartolomé Pujals y Lorenzo Ramírez, director de la Oficina de Información y Pasaportes del Gobierno, de registrar «alquileres inflados» en perjuicio del Estado.
Hernández, al salir de la organización, leyó un documento de dos páginas, en el que se establecía el motivo de la denuncia fue por «arrendamiento fraudulento», se «garantizó» el robo de miles de millones de pesos y para evitar sospechas se utilizó a Inmobileiaria Reservas como «propietario aparente». Documentos presentados Según el fiscal, la organización determinó que los bienes efectivamente arrendados «son propiedad de personas cercanas al gobierno».
A partir de ahí, califican un «fraude» a la asociación». , incluidos “múltiples funcionarios” del Estado.
Registros en poder de Hernández muestran que la entidad Fondo de Inversión Cerrado fue utilizada como “buzones de humo y vehículos para legitimar capitales ilegales, de la Reserva Inmobiliaria ”. La reserva de la Administradora del Fondo de Inversión del Estado y al llegar, “los socios del sector privado adquirirán los bienes en cuestión por un monto inferior al arrendamiento previamente acordado con el organismo estatal”.
Destacó como ejemplo el supuesto proyecto constructivo de 16 pisos de la empresa Vista 311, comprado y adquirido por el fondo por la cantidad de RD$1,400,406,
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