En respuesta a las críticas por supuestas violaciones a la privacidad con la Circular 018031 del Ministerio de la Función Pública (MAP), que exige a los servidores públicos presentar comprobante de pago por servicios públicos como electricidad y agua, el director de la organización, Sigmund Freund, defendió esta norma, asegurando que no viola la Constitución ni la ley de la función pública.
Señaló que la circular está respaldada por la Estrategia Nacional de Desarrollo y fue adoptado con base en la recomendación del Gabinete Eléctrico, como parte del proceso para regular los contratos entre personas y distribuidoras de electricidad.
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Garantiza que no habrá cancelación de clases en caso de incumplimiento. Freund enfatizó que el objetivo es crear una cultura de remuneración entre los empleados de la administración pública.
Cuando se le preguntó si la medida podría retirarse, el responsable dijo que se mantiene y que está dispuesto a defenderla » donde» «. quieras.»
Freund recuerda que la Ley de Servicio Civil estipula en sus principios que existe un régimen de integridad para los funcionarios y una cultura salarial. Afirmó que el gobierno, como el mayor empleador con cerca de 600.000 empleados, debe dar ejemplo.
Enfatizó que la idea es recopilar información para desarrollar políticas de la industria eléctrica.
De igual manera, el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, afirmó que esta disposición no viola la Constitución y que los empleados no pueden ser despedidos por no proporcionar información.
. Señaló que la medida es una solución al problema eléctrico y no se exigirá a los empleados que proporcionen datos como direcciones, aunque aclaró que esa es una información que tienen todos los empleadores.
Marranzini Expresó que No entendía por qué la oferta MAP había creado un escándalo confuso. Los dos funcionarios abordaron este tema en varias entrevistas radiales.
En la circular, Freund señaló que el objetivo principal es comprender el perfil del consumidor, promover la contabilidad de los servicios públicos, debido a la necesidad de la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga a los ciudadanos a comportarse y recopilar información para diversos proyectos. “Es fundamental que como servidores públicos respetemos nuestra obligación constitucional de cumplir con la normativa aplicable”, dijo.
