Luis Henry Molina ha determinado que la política de protección de datos es una autorregulación judicial.
El poder judicial ha negado que la política de protección de datos limite la libertad del prensa, así como el acceso público a juicios, audiencias o actas judiciales, salvo las excepciones que establezca la ley.
Estas declaraciones fueron publicadas luego de que el presidente de la Asociación de la Prensa Dominicana (SDD), Persio Maldonado, dijera la regulación entraría en conflicto con la libertad de expresión y actividad de prensa.
A través de un documento firmado por el juez Luis Henry Molina, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, determinó que La política de protección de datos es un auto- poder judicial regulador y ha sido implementado de conformidad con la Constitución, en el artículo 44 no. Ley 2-23, casación; 172-13 sobre protección integral de datos personales y demás disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano e internacional.
«Política que prioriza la protección de datos personales, ej. información de salud, casos de niños, víctimas de género «Violencia basada en violencia y personas en situaciones vulnerables. Asimismo, implementa el principio de minimización de datos y establece estándares consistentes de anonimato, asegurando que las personas no sean expuestas innecesariamente, manteniendo al mismo tiempo la comprensibilidad y transparencia de las decisiones judiciales», señala la carta, señalando que el pleno las decisiones seguirán siendo llevadas ante el tribunal, salvo las excepciones previamente establecidas por la ley.
Molina también invitó a la Asociación de Prensa Dominicana a una reunión para que ambas entidades inicien un proceso de diálogo abierto encaminado a fortalecer la protección de los derechos fundamentales.
«Creemos que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la relación con los medios de comunicación y a seguir trabajando juntos para construir un sistema de justicia más moderno, transparente y amigable para los ciudadanos, ” concluye la carta.
Día 14 En noviembre, la Corte Suprema de Justicia presentó una política de protección de datos, orientada a proteger la información personal, que puede ser proporcionada en decisiones judiciales.
Primer Objetivo La primera parte de este reglamento es mantener en el anonimato los datos considerados personales en el sector judicial. La aplicación de esta política de protección de datos está dirigida a todas las jurisdicciones nacionales.
