El presidente Luis Abinader depositó ayer en el Congreso Nacional, vía el Senado, dos iniciativas legislativas encaminadas a fortalecer el marco jurídico penal en el país, en especial a perseguir el crimen organizado y a la protección de víctimas y testigos.
Según una nota de Presidencia, se trata del proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales y el de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
La primera iniciativa, refiere el documento, busca combatir el crimen organizado en sus distintas manifestaciones, a fin de garantizar la integridad del Estado Social y Democrático de Derecho.
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La iniciativa establece reglas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza legislativa tipifica una serie de delitos, incluidos los relativos a grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia.
De su lado, la segunda iniciativa busca responder a la exclusión y desprotección de víctimas, testigos y sujetos en riesgo ante la comisión de hecho delictivo, por cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia.
El proyecto también busca llenar el vacío dejado por la falta de un marco jurídico que regule de forma integral la atención, representación legal y protección de esas personas.
La comunicación de Presidencia señala que la ley propuesta busca reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo y regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en su provecho.
Sendos proyectos, dice la nota, son parte de un conjunto de iniciativas que el Poder Ejecutivo trabajó con el Ministerio Público.
