Asociación de Contratistas y Proveedores de la República Dominicana
(ACS) expresó este lunes su preocupación por el proyecto que se está llevando a cabo realizado en la Asamblea Nacional que tiene como objetivo modificar la ley de contratos y adquisiciones públicas.
El presidente de la organización, Zoilo Taveras, dijo que lo había identificado ciertos aspectos de dicha iniciativa, los cuales, a mi entender, requieren ser reconsiderados por las implicaciones que pueden tener en el sector y, en consecuencia, en el desarrollo económico del país.
“Es importante resaltar que estas inquietudes y propuestas han sido presentadas a la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley en la Cámara de Representantes”, dijo Taveras en conferencia de prensa realizada en un hotel de la capital. dong.
Entre los puntos importantes del proyecto descubiertos por la agencia de investigación ACS, Taveras citó el artículo 11, N° 21, que según dijo se le había otorgado a la Dirección General de Contrataciones Públicas un poder amplio y arbitrario. solicitar información, “incluso a personas no involucradas directamente en el proceso de contratación, lo que podría generar abuso y vulneración de derechos fundamentales”. Del mismo modo, expresó que el art. 111 limita la retirada o modificación de propuestas después de la apertura técnica, sin tener en cuenta situaciones de fuerza mayor o errores, penalizando injustamente al proveedor.
Mientras que, según el director, el artículo 152 de dicho proyecto, aprobada por el Senado, limita la subcontratación al 30%, limitación por la que Taveras también criticó el contenido del artículo 4 que prevé la sanción de una prohibición de hasta diez años para incumplimiento, «no tiene en cuenta factores externos como retrasos en los pagos estatales o licencias emitidas por otras entidades gubernamentales. según la AEC, acuerdos prohibidos, colusión y anticompetencia, elementos esenciales para asegurar la libre competencia en los procesos.
«Lejos de promover la participación en la gestión integral y efectiva de la contratación de bienes y «servicios estatales» “, estas disposiciones plantean obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor”, afirmó Taveras.
“Reiteramos nuestro compromiso de participación Participar activamente en el debate legislativo para lograr un marco jurídico justo y funcional que equilibre eficiencia y equidad”, concluyó.
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