Según explicó al periodista de Hoy Digital el abogado de Chiquito,Jaime Caonabo Terrero, su cliente se encuentra «secuestrado» en el Centro Correccional CCR-20 Najayo, San Cristóbal, donde, según denuncia, se le violan sus derechos fundamentales.
Esto se debe a que está ubicado en el área destinada a los extraditables, bajo una serie de limitaciones que le imposibilitan reunirse con sus familiares y abogados.
«En ese tenor, y existiendo tres decisiones de tribunales de la República que ordenan que debe cumplir la pena en La Victoria, lo que hemos hecho es recurrir a la exigencia de que se dé cumplimiento a las decisiones de los jueces», dijo el jurista durante llamada telefónica.
Continuó: «Nosotros no nos explicamos cuál es el interés de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Prisiones en contradecir la decisión de los tribunales».
Caonabo Terrero destacó que en el país se vive «en un sistema judicial de derechos», donde existe lo que se llama la tutela judicial efectiva, y enfatizó que es necesario dar respuesta a las decisiones de los tribunales. «Sencillamente, estamos exigiendo eso», afirmó.
Asimismo, el jurista calificó el traslado de Pérez Mejía a Najayo como un acto de castigo, atribuido a personas que, aparentemente, buscan entorpecer el proceso judicial.
«Es una forma de castigarlo, parece ser que hay intereses malsanos que no quieren, primero, que el proceso se conozca como debió conocerse, con los niveles de imparcialidad. Segundo, la mediatización del proceso a través de medios faranduleros ha presionado para tenerlo secuestrado y tratar de establecer en el subconsciente de las personas que él es el autor material e intelectual de ese hecho», aseguró.
Además, el representante legal de Chiquito comentó que todavía no tienen fecha para conocer la acción de amparo y que están a la espera de que, desde el punto de vista burocrático, se resuelva esa situación y se les comunique.
Sobre el caso
Por la muerte de Joshua Fernández, también fueron condenados Wesly Vincent Carmona (El Dotolcito), a 15 años de prisión, y Luis Alberto Brito (Luisito) a 20 años, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelación.
