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Huelga de fiscales provoca otro retraso por coacción a docente acusado de violar a menor

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Este es el segundo retraso que se presenta en relación con el caso Esto, provocado en esta ocasión, por el paro de fiscales exigiendo reivindicaciones.

Este es el segundo retraso que se presenta en relación con el caso Esto, provocado en esta ocasión, por el paro de fiscales exigiendo reivindicaciones. incluyendo la exigencia de ascensos, aumentos salariales o un sistema de pensiones.

Fernando Altagracia Peña Eusebio, docente miembro básico del Batey Siria sufrió acusado de haber sido abusado por un estudiante menor de edad, tendrá que esperar hasta el miércoles 4 de diciembre para saber qué medidas de apremio solicita la Fiscalía en su contra.

Aquí está el segundo aplazamiento relacionado con este expediente, en este caso debido a una huelga de fiscales que exigen demandas que van desde ascensos, aumentos salariales o un sistema de jubilación.
El motivo de las medidas coercitivas es solicitó que el profesor de idiomas sea puesto en prisión preventiva, basándose en las acusaciones del fiscal de que abusó sexualmente de estudiantes durante tres meses.

Además, las autoridades insistieron en que su primo y profesor de matemáticas, Alejandro Roberto Bello, participó. , quien aún se encuentra prófugo y está acusado de violar tres veces a la menor mientras ambos se encontraban en la iglesia.

Fue el 21 de noviembre que se giró orden de aprehensión contra Peña, luego del caso. orden autorizada por la Nota Permanente de San Pedro de Macorís, que es el juzgado donde se conoce la medida.

Calificaciones jurídicas respecto de las violaciones a los artículos 330, 331 y 332 sobre atentados al pudor, además al 396 y sus temas A, B y C, sobre maltrato infantil y adolescente.

Los miembros de la Fiscalía se centran en las afueras del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, del cual Chanel Dessi Gómez es portavoz, enfatizando que los reclamos se basan en los derechos que otorga la ley.

Declaró que la base de la protesta radica en las decisiones del Tribunal Constitucional y Administrativo, que ordenó dar respuesta a las solicitudes solicitadas, que, según ellos, el ejecutivo o «autoridades competentes» máxima autoridad «de la Fiscalía General de la Nación no cumplida por la República.

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