Reiteró el compromiso del gobierno con los sectores más vulnerables e instó a fortalecer la ausencia de riesgos desde la inclusión social y el respeto.
En el panel “Seguridad Ciudadana como base para sociedades inclusivas y sostenibles”, la fiscal titular del Departamento de Derechos Humanos, Danissa Cruz, destacó que, aunque la tasa de criminalidad bajó en el país, persiste la discriminación contra adultos mayores, personas con discapacidad o que viven con VIH, los migrantes y la comunidad LGBT.
Propuso políticas inclusivas y sostenibles que garanticen la protección de las personas de la tercera edad mediante campañas informativas permanentes, programas de formación laboral y diálogos entre las autoridades y las comunidades.
De su lado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, planteó la necesidad de vincular a la sociedad con el Estado para erradicar la violencia y frenar la corrupción y la impunidad, que fomentan la inseguridad.
Insistió en no proteger solo a los grupos privilegiados, sino también a los más marginados, para alcanzar una seguridad ciudadana efectiva.
Sobre el tema, el consultor internacional Elías Dinzey puntualizó que debe existir un vínculo intrínseco entre la seguridad ciudadana y la pública, y aclaró que no deben confundirse ambos términos, porque la primera garantiza una vida digna, con protección y respeto, mientras la otra está centrada en el control del crimen.
En su ponencia, el secretario ejecutivo del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, destacó la importancia de la corresponsabilidad social en el cumplimiento de los deberes para exigir derechos y el respeto a la ley, según la Constitución.
En el segundo panel, “Políticas Públicas de Seguridad Integrales centradas en los derechos humanos”, el especialista en Derecho Constitucional Hermógenes Acosta destacó los avances del Tribunal Constitucional en la protección de los derechos de personas vulnerables.
Citó sentencias claves, como la que prohíbe la expulsión de niños de los colegios, aunque sus padres no cumplan con las cuotas, para garantizar su desarrollo educativo.
En el panel “Política Integral de Derechos Humanos en el marco de la Reforma Policial”, el experto en seguridad y asesor de Interior y Policía, Daniel Pou, recomendó que los programas de reforma sean evaluados por actores externos y no por quienes los implementan, para garantizar un impacto real.
Además, John Huvane, asesor del Poder Ejecutivo en materia de Seguridad Ciudadana, insistió en que los policías deben ser entrenados bajo nuevas regulaciones para evitar el uso excesivo de la fuerza y acudir al arresto sólo como último recurso.
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