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Proyectos ejecutivos han despertado el Código Penal «dormido» en la Asamblea Nacional

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Así lo expresaron los legisladores, quienes entendieron que la parte controvertida debe aprobarse antes de intentar apoyar iniciativas con objetivos similares-
Carlos Pérez, diputado de las Fuerzas Populares aseguró que «una mayoría del PRM, como ocurre en la realidad, será de mucha ayuda si conocemos el Código Penal» antes de redactar discutir el proyecto de protección y judicialización de testigos. Delincuencia.

Por su parte, el congresista Ramón Raposo aseguró que al estudiar las iniciativas del presidente Abinader se debe formalizar el sumario legal, evitando la obstrucción obstaculizada por las causas del aborto.
Mientras El diputado Danilo Díaz dijo que el estancamiento del Código Penal se debe a que la Asamblea Nacional «gubernamental» no utilizó la mayoría para aprobar ley.

Sobre los ataques a proyectos que requieren sanciones, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, los defendió llamando a la oposición «no sólo citar lo que dejaron de hacer en los últimos 20 años». Iniciativa
Se trata del Proyecto de Ley 0333 relativo al procesamiento y juzgamiento de organizaciones criminales, que establece una pena de hasta 50 años de prisión para las personas antes mencionadas. ilícito, estipulado en el artículo 38:

“El que matare a otra persona para obtener salario, recompensa, promesa o cualquier otra remuneración, será multado de 40 a 50 años y multa de 50 a 50 años. 350”, estipula la iniciativa en materia de sicariato.

De igual manera, estipula una pena de 10 a 30 años de prisión para quienes logren constituir organizaciones criminales para cometer delitos como lavado de dinero, terrorismo, derechos humanos. y tráfico de migrantes, tráfico de drogas y tráfico ilegal de armas, municiones y materiales conexos.
Por lo tanto, la delincuencia pública alta tecnología, falsificación y falsificación de medicamentos, alimentos y bebidas, falsificación de documentos públicos, delitos graves contra las personas y cualquier otro delito cuya pena mínima sea igual o superior a tres años de prisión penitenciaria.
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