CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero. – Ante la creciente tensión social en Sinaloa, donde miles de ciudadanos exigen la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de cualquier intromisión en el futuro político del jefe de estado.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que es trabajo del gobierno federal proteger a las familias y generar paz. Sin embargo, dejó claro que no era su trabajo decidir sobre la sostenibilidad del régimen. Gobernadores.
«Había algunas columnas, como si fuera en el pasado, donde la Presidenta decidía a quién nombraría y a quién despediría. “Éste no es trabajo del gobierno federal”, dijeron los gobernadores. Presidente “Nuestra misión es apoyar a las familias de todo el país y generar paz en Sinaloa y México”.
Mientras tanto, ayer se llevó a cabo en Culiacán una de las movilizaciones ciudadanas más grandes de los últimos meses. Unas 10 mil personas, el doble que hace tres días, salieron a las principales calles para exigir justicia, seguridad y la renuncia de Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena.
Los manifestantes, vestidos de blanco y portando pancartas, corearon consignas como “Narcobernador”, “Abajo Rocha” y “El pueblo da, el pueblo quita”. Entre los participantes había niños, familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia, que llevaban piñatas con la imagen del gobernador y fotos de sus familiares asesinados o desaparecidos.
La marcha también incluyó llamados a la justicia por el brutal asesinato de Antonio Sarmiento y sus hijos Gael y Alexander, de 12 y 9 años, en un caso que conmocionó al estado. Al mismo tiempo, durante esta movilización se hicieron visibles imágenes de personas desaparecidas que antes no se habían mostrado por temor a represalias del crimen organizado.
Sinaloa enfrenta una guerra contra las drogas entre facciones del Cártel de Sinaloa Dentro de cuatro Meses, casi mil personas están desaparecidas y más de 800 personas murieron. Esta ola de violencia ha provocado indignación pública y reclamos no sólo de justicia sino también de un cambio de gobierno, acusado de tolerar el crimen organizado.
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