Comerciantes mayoristas y agroindustriales manifestaron su desacuerdo a las modificaciones propuestas para la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos sólidos, debido a que consideran que los incrementos impositivos son insostenibles e impactarían negativamente a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) mostró su preocupación ante el aumento de los montos de las escalas de contribución especial que deben hacer las empresas, que van desde los 1,200 pesos hasta los 10 millones de pesos, según la cantidad de ingresos que perciba.
Su presidente, Alberto Leroux, calificó como «devastador» el efecto que tendría la ley para el comercio mayorista de ser aprobada, ya que los negocios formales de este sector trabaja con márgenes de ganancia «mínimos, de entre 1.5 % y 2 %».
«La imposición de nuevas cargas sobre nuestras operaciones haría insostenible nuestra labor, comprometiendo no solo la estabilidad de nuestras empresas, sino también el acceso a productos esenciales para la población» alertó Leroux en una nota de prensa.
Indicó que los comerciantes ya pagan, cada mes, una factura de cobro por residuos sólidos a los ayuntamientos, además del cumplimiento anual con la ley de residuos sólidos, lo que representa «una doble tributación por el mismo concepto».
