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Dío Astacio contra los motociclistas

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Regulación, pero recuerden que lo hace un organismo estatal no de la ciudad entonces lo que el alcalde quiera hacer tiene derecho a hacerlo pero la ley no especifica si el proceso debe ser gratuito?…

El autor es un líder comunitario. Vive en Santo Domingo Este

En los últimos días ha causado mucha polémica la propuesta del alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, de cobrar a los motociclistas 1.000 pesos por registrar sus motos en la ciudad.
La medida, destinada a mejorar el control del parque automotor y aumentar la seguridad vial en la zona, ha sido ampliamente discutida entre los vecinos, que han acogido con satisfacción la intención reguladora del tráfico, pero cuestionan la cantidad especificada en el expediente.

El análisis propuesto deberá realizarse de conformidad con la reglamentación vigente, en particular la ley 176-07 relativa al Distrito Nacional y las Ciudades y la ley 63-17 relativa al transporte por carretera y la seguridad del tránsito.

La Ley de la Ciudad define claramente los poderes del alcalde.
La Ley 176-07 otorga a las ciudades la autoridad de imponer impuestos y tarifas para financiar sus operaciones y servicios, incluida la capacidad para recaudar derechos de matriculación de vehículos. En este sentido, el alcalde tiene la facultad de fijar la tasa impositiva para apoyar el sistema de control y regulación del tránsito.
Sin embargo, la ley exige que la tasa impositiva sea razonable, proporcionada y equitativa, lo que plantea preguntas sobre si los miles de pesos propuestos suponen una carga indebida para los motociclistas, especialmente aquellos con menos recursos.

En cuanto a Por sí misma, la Ley 63-17 establece que Todos los vehículos de motor, incluidas las motocicletas, deben estar registrados ante las autoridades competentes para su legal funcionamiento. Este registro no sólo pretende mejorar la seguridad vial, sino también facilitar la identificación del vehículo en caso de accidente o infracción.

En el marco de esta ocasión, la propuesta del alcalde de establecer un registro de motociclistas es apoyado por la policía de tránsito. regulación, pero recuerden que lo hace un organismo estatal no de la ciudad entonces lo que el alcalde quiera hacer tiene derecho a hacerlo pero la ley no especifica si el proceso debe ser gratuito? pagó al estado por la placa, no pueden pagar dos veces por la misma matrícula, eso violaría ambas leyes.

El impuesto de 1,000 pesos ha causado preocupación entre el público, ya que muchos conductores, especialmente en Las zonas de bajos ingresos tienen que utilizar motocicletas para ir al trabajo. Para estos ciudadanos, el pago de este impuesto podría crear una barrera económica que les desincentive a matricular sus vehículos, lo que es contrario al objetivo de esta medida, que es aumentar la legalidad y el cumplimiento de las leyes de tránsito.
Desde mi perspectiva como ciudadano, creo que una opción más justa sería hacer gratuita la emisión de la primera placa o al menos subsidiarla, para permitir que todos los motociclistas de la ciudad cumplan con la ley más fácilmente sin incurriendo en costes. obstáculo Esto podría facilitar la inclusión de los conductores informales, un segmento de la población que juega un papel importante en la economía de nuestro querido Santo Domingo Este.
Alternativas

En lugar de imponer una tarifa fija de 1,000 pesos, se pueden considerar alternativas como:
Subsidios o descuentos para conductores de bajos ingresos, permitir que las personas se registren sin pagar cuota no es un obstáculo, por lo que el primer registro puede ser gratuito.
Aunque el registro de motocicletas es una medida necesaria para mejorar la seguridad vial y el control del tráfico, imponer un impuesto de 1.000 pesos puede ser desproporcionado, especialmente para los motociclistas de bajos ingresos. Es importante que las autoridades encuentren un equilibrio entre la necesidad de recaudar fondos para implementar el sistema y la equidad en el acceso al sistema. Por eso solicitamos que el proceso de registro inicial sea gratuito y se aplique una tarifa más baja para las renovaciones anuales.

Esperamos que las autoridades locales y los partidos evalúen las alternativas de manera más completa y justa. Promover la seguridad vial y la legalización sin crear barreras económicas para las personas.

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