El presidente de la Comunidad Municipal del Gran Santo Domingo (MGSD) y alcalde de Los Alcarrizos Junior Santos, así como el director ejecutivo de la referida organización Waldys Taveras expresaron Apoyamos la reforma a la Ley 225-20, Ley General de Gestión y Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos de la República Dominicana y solicitaremos a la Cámara de Representantes el trámite y aprobación de esta ley de inmediato.
Con esta modificación, la ley establece que el fideicomiso transferirá a las ciudades y distritos municipales la cantidad de 30 pesos por habitante por mes, equivalente a 3 mil 873 millones de pesos que se sumarán a sus ingresos estimados en 2025.
Puedes leer: Lluvias dañan carretera turística Santiago-Puerto Plata
Consideran que la reforma Esta ley aprobada por el Senado de la República sienta las bases para la sostenibilidad integral de los servicios de saneamiento urbano en sus dos fases básicas: recolección, tratamiento simultáneo y disposición final de los residuos sólidos, tal como lo prometió el presidente Luis Abinader a la sociedad dominicana.
Señalaron que esta modificación a la ley fortalece el Fondo de Residuos Sólidos, estableciendo específicamente los límites y responsabilidades de los actores en la prestación del servicio de saneamiento urbano y la sostenibilidad ambiental y de salud pública que impactará la efectiva prestación del servicio.
A partir de ahora, las responsabilidades de las ciudades y condados, el Ministerio de Medio Ambiente estarán claramente definidas, los proveedores de servicios contratados por las autoridades públicas, las grandes empresas privadas, los fabricantes y los ciudadanos estarán regulados. solicitar y recibir servicios y la El fideicomiso es responsable de pagar la implementación de esta importante obra pública, dijeron Santos y Taveras.
Con esta nueva herramienta, las empresas nacionales e internacionales quieren invertir en el sector de coprocesamiento, reciclar materiales reciclables como materia prima para la industria local y las exportaciones se beneficiarán de seguridad jurídica. Esta ley establece un plazo de 10 años para los contratos de servicios, lo que implica que el cambio de partes y personas en la administración pública no creará inestabilidad.
Citan otros beneficios contenidos en la normativa como el régimen común que regula la Relación de prestación de servicios mutuos entre las unidades de distribución de energía eléctrica y las autoridades municipales, garantizando así la efectividad del servicio de alumbrado público en todo el territorio nacional.
Agregar Comentario