La magistrada Karen Casado Minyety contempló la constitución de un nuevo abogado en representación de Enriquillo Luis Brito, director del distrito municipal de Bayahibe, cuya defensa la ejercía el fenecido José Rafael Ariza y en lo adelante será Freddy Mateo.
La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo acogió en una quinta ocasión aplazar el conocimiento de la medida de coerción en la Operación Panthera 7, esta vez fijada para el lunes 3 de febrero a las 9:00 de la mañana.
La magistrada Karen Casado Minyety contempló la constitución de un nuevo abogado en representación de Enriquillo Luis Brito, director del distrito municipal de Bayahibe, cuya defensa la ejercía el fenecido José Rafael Ariza y en lo adelante será Freddy Mateo.
«Ese abogado, con el derecho que tiene, solicitó un aplazamiento a los fines de que se le notifique la medida y los elementos de prueba. Siendo así, el tribunal pregonando su derecho de defensa le otorgó la oportunidad», explicó Carlos Santana Jiménez, apoderado de Nelson Neftalí Mercedes.
Por este caso, también se encuentran a la espera de medida cautelar Enrique José Luis Brito, José Nicolás Castillo Hart «Nikito», Winston Armando Tejera Rodríguez «Barbikin», Cristian Rayner Canela Aybar, Dulvi Jesús De los Santos, Alexander Henrique Castro y los antes citados.
La Operación Panthera 7 trata de crear responsabilidad en los supuestos implicados con la incautación de 9.8 toneladas de cocaína, suscitada en el Puerto Multimodal Caucedo el pasado diciembre, la mayor para agencias antidrogas dominicanas.
Por la calificación jurídica el Ministerio Público sugiere que, de acuerdo a la teoría fáctica y probatoria presentada, estos cometieron violaciones a los artículos 56, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, referentes a la «asociación de malhechores».
De igual forma, de incumplir con la Ley 50-88 acerca de Drogas Narcóticas, violentando disposiciones que germinaron en «tráfico de drogas y patrocinio».
En tanto que Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, también incurrieron en cuestiones relacionadas con la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, además de lavado de activos.
En horas de la noche del 5 de diciembre de 2024, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) recibió informes de inteligencia relativos al movimiento de un cargamento de drogas en la terminal portuaria localizada en Boca Chica, de la provincia Santo Domingo.
Y al día siguiente, convocaron a rueda de prensa ofreciendo detalles de la mayor incautación de sustancias narcóticas ejecutada en la historia de la República.
Los primeros implicados fueron apresados en fecha 11 de enero, manteniendo la incertidumbre tras 20 días a esperas de un dictamen que no prospera.
En el expediente también se menciona a Yoel Jesús Jaques, José Alexander Santana Andújar y Luis Rafael García Alfonseca, respecto a quienes no se ofrece ninguna actualización, por lo que se mantienen prófugos.
En los pasillos del Tribunal se manejó la versión de la entrega de Jaques, quien tiene una alerta de captura emitida por la DNCD desde el 17 de enero. Sin embargo, no fue citado en la audiencia y las autoridades persecutoras no confirman la noticia.
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