Los Ángeles, 29 de enero (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump firmó este miércoles la Ley Laken Riley, que ordena la detención de migrantes sin papeles por delitos menores, incluso si no han sido acusados o sentenciados, para procesarlos para su deportación.
«De acuerdo con la Ley que estoy firmando, el Departamento de Seguridad Nacional deberá detener a todos los extranjeros sin papeles que hayan sido arrestados por robo, hurto en tiendas, agresión a un oficial de policía, asesinato o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones graves», dijo Trump.
El mandatario agregó que «por primera vez en la historia, esta Ley otorga a los gobiernos estatales la capacidad de demandar al Gobierno federal para obtener una medida cautelar inmediata si alguna administración futura vuelve a negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos, como sucedió durante cuatro años».
La Ley, patrocinada por la representante republicana Katie Boyd (Alabama) y el Senador Mike Collins (Georgia), logró el respaldo de 46 demócratas en la Cámara de Representantes y 12 más en el Senado, a pesar de las críticas de la mayoría de los congresistas demócratas, al considerar que la Ley viola el debido proceso.
La Ley Laken Riley honra a la estudiante de la Universidad de Georgia asesinada por un migrante sin papeles sentenciado a cadena perpetua, sin derecho a fianza.
Los republicanos acusaron que el homicida de origen venezolano había sido liberado tras arresto por robo en una tienda departamental, pero que si hubiera permanecido en prisión, no habría asesinado a Riley.
Los padres de la estudiante de 22 años asistieron a la ceremonia de la firma de la Ley en la Casa Blanca.
«Nos sentimos profundamente honrados de que hoy nos acompañen los padres de Lincoln, Allison y John, y su hermana, Lauren. Muchas gracias», dijo Trump.
La nueva Ley propone enmiendas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), y establece procesos de detención para la deportación inmediata de migrantes.
Los republicanos en el Senado lograron sumar como motivo de arresto inmediato a migrantes señalados por agredir a un policía o cualquier agente de aplicación de la Ley, así como causar heridas o muerte a cualquier persona.
«En 2022, cruzó ilegalmente nuestra frontera sur y fue detenido por la Patrulla Fronteriza, pero, en virtud de las crueles políticas de la última administración de Joe Biden, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en los Estados Unidos, al igual que millones de otras personas, muchas de ellas personas muy peligrosas. Y ya ven lo que estamos haciendo: se largan de aquí», dijo Trump.
La norma también permite que el Fiscal General de un estado, otro funcionario autorizado y cualquier ciudadano pueda reclamar al Gobierno federal si considera que las políticas migratorias afectan a la entidad.
Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Americas, criticó la promulgación de la Ley al destacar que se viola la presunción de inocencia y el debido proceso.
«La presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de las personas inmigrantes fueron atropellados por el Congreso de Estados Unidos para dar la impresión de estar actuando para generar seguridad para la población», dijo. «La detención migratoria de una persona arrestada o acusada por hurto resultará en la privación de libertad de personas inocentes, en la detención por largos periodos de tiempo, y en la imposibilidad de concluir procesos penales, ya que las personas son retenidas en centros de inmigración en lugar de ser procesadas por el sistema de justicia penal».
Guzmán señaló el doble estándar del Presidente Trump, quien indultó a mil 500 atacantes del Capitolio, quienes «cometieron crímenes violentos contra oficiales de policía».
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