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Sociedad Ecológica San Cristóbal deposita querella contra minería

Ecología
La querella es contra la empresa Docalsa, a la que responsabilizan de destruir varias cuevas del Pomier, contaminar el rio Nigua y poner en riesgo la toma del acueducto de San Cristobal.

SAN CRISTOBAL.- La Sociedad Ecológica de San Cristóbal depositó una querella contra la empresa Docalsa responsable de destruir varias cuevas del Pomier, contaminar el rio Nigua y poner en riesgo la toma del acueducto de San Cristobal.

El abogado William Alcantara entregó la denuncia  y el informe del estadounidense George Veni con las evidencias del crimen ecológico en El Pomer.

El titular de la procuraduría de Medio Ambiente, Rigoberto Santana y la magistrada Celeste Reyes expresaron que le darán curso a la denuncia querella y van a investigar para someter a la justicia a los responsables.

El abogado Alcántara, explicó que la Ley 64-00 en su artículo 176 establece que ante un delito ambiental “contaminación irreversible extensa, se prohibirá la actividad o se clausurará el establecimiento de forma definitiva”.

El más reciente estudio realizado por el experto estadounidense George Veni demostró el delito que se comete en El Pomier, afectando Las Cuevas del Pomier, la contaminación que genera la minería irresponsable, el daño que provoca a las aguas del acueducto La Toma, son algunas evidencias para que esas operaciones mineras sean cerrada de inmediato.

La Reserva Antropológica Cuevas del Pomier constituye un patrimonio cultural y natural que puede convertirse, si se maneja adecuadamente, en una fuente sustentable de recursos económicos muy superior a los beneficios limitados y perecederos que se obtendrían de su explotación como recurso minero.

El actual desarrollo de un turismo respetuoso de la naturaleza y de los recursos culturales indígenas tiene en esta Reserva uno de sus sitios más estratégicos para la oferta turística de montañas, ríos, cuevas, relictos indígenas, período colonial y cultura autóctona.

La entidad defensora del medio ambiente explicó que con los resultados presentados por el estudio realizado por el norteamericano George Veni y que confirma los delitos ambientales que se cometen en la zona justifica el cierre de las operaciones.

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