El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Unidad de Control de Derecho Vial (Codevial), intervino infraestructuras establecidas en el área verde y parte de la calzada del kilómetro 9 de la autopista Duarte, para posibilitar el avance y conclusión de la construcción del ambicioso proyecto que ejecuta para agilizar el tránsito y hacer esa vía más eficiente y segura.
Sin embargo, afectados por la medida denunciaron atropellos de las autoridades, en el sentido de que algunos no recibieron un solo centavo por sus propiedades, mientras otros estiman pírricas las remuneraciones que les ofrecen por sus puntos comerciales.
El MOPC considera que la recuperación de los espacios públicos constituyó un acto fundamental para agilizar la reconstrucción y modernización del emblemático Kilómetro 9, eje vial estratégico que conecta con las 14 provincias del Cibao, en las que transita más del 60 por ciento de la población nacional, y que garantiza un mejor y más cómodo desplazamiento para los conductores.
La institución en nota de prensa, aseguró que los dueños de las instalaciones afectadas fueron compensados en lo económico, aunque algunos persisten en ocupar de forma ilegal terrenos correspondientes al derecho de vías y se niegan a recibir el dinero ofrecido, cuyos montos se derivan de las tasaciones correspondientes.
“No obstante estar amparados por las leyes que penalizan la invasión de una propiedad pública, se trabajó para que la intervención de la Codevial fuera de forma humana, tomando en cuenta los derechos y la dignidad de las personas, a fin de que ninguna de las partes resulte afectada”, dice la nota.
La ampliación y remodelación de la Autopista Duarte abarca desde el kilómetro 9, en esta capital, hasta Montecristi.
La Codevial fue creada en 2022 con la misión principal de prevenir y gestionar soluciones a la ocupación ilegal de los espacios que la ley contempla como derecho de vía y cuya violación constriñe los esfuerzos e inversiones que el Estado, mediante el MOPC, realiza en infraestructuras viales eficientes y seguras.
Los buhoneros
Magna Rodríguez, quien dijo lleva 20 años en l aventa de diferentes tipos de mercancías en el citado lugar, expresó que la desalojaron sin entregarle un centavo, lo que define como un abuso de las autoridades.
Señaló que las brigadas llegaron a su puesto y cuando reclamaba la compensación respondieron que sus documentos no aparecen, a pesar de que anteriormente la sentaron y tomaron todos sus datos.
Rodríguez, quien se definió como una madre de familia, viuda, reclamó del presidente Luis Abinader que interceda por ella ya que no cuenta con otros medios para sustentar su familia.
Un comerciante denunció que recibió cuatro estrellones por parte de los militares a cargo del desalojo, solo por reclamar que se respete el derecho de sus compañeros a por lo menos llevarse sus mercancías del lugar.
Otro definió como ilegal la medida, debido a que no fueron notificados antes por las autoridades, pero además, el desalojo se produjo en horas de la madrugada, lo que está prohibido por la ley.
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