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P. RICO: Dominicano sentenciado a 9 años de prisión por trata de personas

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SAN JUAN. – Fermín Montilla, de 45 años, de la República Dominicana, fue sentenciado a nueve años de prisión por su papel en una operación de tráfico de personas que dejó 11 extranjeros muertos, dijeron los fiscales federales. Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Según documentos judiciales, el 12 de mayo de 2022, Montilla piloteó una embarcación que transportaba a 48 personas desde República Dominicana a Puerto Rico con la intención de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Durante el viaje, la embarcación volcó y 11 personas se ahogaron.

«LOS TRAFICANTES ‘AMENAZAN LA SEGURIDAD’

Por su parte, Antoinette T. Bacon, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, dijo que los traficantes de personas «amenazan» la seguridad nacional.

«Explotan a personas indefensas para obtener ganancias, sin tener en cuenta su seguridad. «La División Criminal busca desmantelar estas organizaciones transnacionales de trata de personas y proteger al público y a quienes puedan ser sus víctimas», dijo Bacon sobre el caso, que fue investigado por Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Patrulla Fronteriza de EE. UU., Guardia Costera de EE. UU. y Policía de Puerto Rico.

La investigación fue dirigida por Angela Buckner, Fiscal Federal de la Sección de Derechos Humanos y Aplicación de la Ley Especial de la División Criminal, y Helena Daniel, Asistente Especial del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico de la Guardia Costera de EE. UU.

PROGRAMA ECT

Además, la investigación se lleva a cabo bajo el Programa Extraterritorial Criminal Strike Force (ECT), una asociación conjunta entre la División Criminal del Departamento de Justicia y HSI.

El Programa ECT se enfoca en redes de trata que representan un riesgo particular para la seguridad nacional o pública o tienen el potencial de causar problemas graves.

En junio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente al Congreso una nueva propuesta legislativa que aumentaría las penas recomendadas para los traficantes más prolíficos y peligrosos.

“El Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal General continuarán trabajando con nuestros socios federales, estatales y locales para responsabilizar a los perpetradores del tráfico ilegal de personas y desmantelar sus organizaciones criminales”, dijo Muldrow.

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