¡A la captura de tratantes! La severidad que ha hecho falta

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Debido a la falta de medidas eficaces para combatirla -y que ahora entrarían en vigor- durante años ha aumentado sin freno en el país la población migrante irregular, socialmente conflictiva y preocupante, debido a que genera presiones de costos sobre servicios públicos esenciales que apenas satisfacen la demanda de los nacionales. Un problema con el riesgo adicional del desorden criminal que al otro lado de la frontera socava gravemente el principio de autoridad, con la tendencia de buscar puntos de conexión. Hacia acá ha permitido, sin control, la presencia de asentamientos de extranjeros y la proliferación de una criminalidad de traficantes de personas. Los sistemas de control migratorio han sido debilitados, como finalmente ha reconocido el Ministerio Público al comprometerse públicamente a priorizar las investigaciones y persecución de las estructuras de repoblación foránea, con la atención puesta en funcionarios civiles, militares y policiales que hayan estado contribuyendo o participando como actores principales en una penetración que daña la soberanía nacional; comportamientos que atentan contra los intereses del país y que merecerían castigos severos y agravados.

Se trata de delitos que a partir de ahora pasan a ser prioritarios para una unidad especializada con poderes para, basándose en compromisos suscritos por el país mediante convenios internacionales, incautar bienes muebles e inmuebles y otros activos a quienes resulten culpables de delitos perjudiciales para la República, por estar dirigidos a violar los límites del territorio nacional desde el exterior con consecuencias cada vez más perjudiciales para la convivencia y el ordenamiento jurídico. En resumen: las confabulaciones que han convertido la inmigración ilegal en un problema mayor de disociación y orden público y que exponen al país a relaciones conflictivas y de peligro para la paz con un Estado vecino que ya se manifiestan con hostilidades diplomáticas, deben considerarse amenazantes para la Seguridad Nacional. Si para perseguir esta agresión contra el país, con sanciones extraordinarias que sirvan para detener una escalada de daños al interés nacional es necesario endurecer alguna pena, debe legislarse urgentemente en ese sentido, abordando el problema con la urgencia que incluso propone el expresidente Leonel Fernández.