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La violencia y la inestabilidad política se agudizaron en Haití en un contexto de impunidad, niveles alarmantes de inseguridad alimentaria, desplazamiento interno de cientos de miles de personas y deportaciones de millares de haitianos desde República Dominicana y Estados Unidos, denuncia Amnistía Internacional (AI) en su informe anual presentado este lunes.
En el documento, AI asegura que en 2024 las bandas se fortalecieron en diversas áreas del país (en especial Puerto Príncipe), lo que incluyó infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos, “exponiendo a la población a la violencia generalizada y a violaciones de los derechos humanos”.
Los menores tampoco escaparon de los “innumerables abusos” y la violencia “sin tregua” de los grupos armados y al tiempo que se llevaban a cabo reclutamientos, asesinatos, secuestros y mutilaciones, se incrementaba la violencia de género y sexual “para castigar, generar miedo y someter a la población” y se dificultaba el acceso a la ayuda humanitaria.
En 2024 -cuando según datos de Naciones Unidas la violencia causó más de 5.600 muertos (un millar más que el año anterior), 2.213 heridos y 1.494 secuestrados, se desplegó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y se instaló el Consejo Presidencial de Transición- hubo varios “picos de violencia” y a finales de año solo en un ataque de las bandas en la zona capitalina de Cité Soleil al menos 180 personas fueron asesinadas.
A esto se suma que varias naciones de la región no ofrecieron protección internacional a los haitianos, quienes se enfrentan “al racismo y la discriminación”. En particular, Estados Unidos y República Dominicana, que triplicó las expulsiones, “continuaron con su política de retorno forzoso e ilegal”.
Al cierre del año, desde esos dos países 199.170 personas habían sido deportadas a Haití, asegura AI.
En un país donde al menos la mitad de la población necesita asistencia humanitaria con “niveles alarmantes” de hambre y malnutrición (se prevé que hasta junio próximo 5,7 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria), el sistema de salud se situó “al borde del colapso”, con hospitales y centros de salud vandalizados y objeto de robos. Hasta el punto de que, según expertos de la ONU, en Puerto Príncipe solo el 37 % de las instalaciones sanitarias eran completamente operativas en 2024 y la inseguridad dificultaba el acceso a los servicios de salud.
“También el sistema educativo se vio impactado por la violencia, con escuelas obligadas a cerrar debido a los tiroteos o haber sido quemadas y robadas”, indica Amnistía respecto a unos centros en algunos casos convertidos en campamentos de desplazados que viven allí en condiciones inhumanas.
Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Haití más de un millón de personas han abandonado sus hogares y se han convertido en desplazados por la violencia, de ellas más de la mitad menores.
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