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(Washington D. C.) – Las autoridades argentinas deberían examinar la reacción de las fuerzas de seguridad ante una manifestación de jubilados en marzo, según Human Rights Watch. Asimismo, tendrían que revisar el protocolo «antipiquetes», que facilita transgresiones de los derechos humanos.
El 12 de marzo de 2025, cientos de jubilados marcharon frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires para exigir mejoras en sus pensiones y acceso a medicamentos gratuitos, entre otras peticiones. A la protesta se unieron centenares de hinchas de fútbol y algunos «barras bravas», seguidores de clubes de fútbol argentinos conocidos por su participación en hechos violentos. Algunos manifestantes cometieron actos violentos como arrojar piedras y escombros a la policía e incendiar autos policiales y contenedores de basura. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que 25 personas resultaron heridas durante la protesta.
«Hay pruebas sólidas de que en varias ocasiones los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso desmedido y peligroso de la fuerza durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo», indicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. «El gobierno debería investigar estos hechos y asegurar que haya responsabilidad, en lugar de hostigar a una jueza que liberó a los detenidos de la protesta».
Human Rights Watch verificó, geolocalizó y analizó 32 videos y fotografías de la protesta del 12 de marzo, provenientes de extractos de televisión, redes sociales y portafolios profesionales de fotógrafos. Los videos y fotografías muestran que un miembro de la Gendarmería Nacional disparó un cartucho de gas lacrimógeno contra Pablo Grillo, un periodista independiente, a las 5:17 p.m., hecho que fue captado por una transmisión en directo de televisión. El cartucho impactó a Grillo en la cabeza, lo que le causó una lesión cerebral grave. Human Rights Watch corroboró que el agente de las fuerzas de seguridad disparó a Grillo a poco más de 50 metros de distancia.
Un video muestra que el gendarme disparó el cartucho de gas lacrimógeno en ángulo horizontal, contraviniendo estándares internacionales que establecen que la única forma segura de lanzar estos cartuchos es en arco, de manera que caigan al suelo a menor velocidad. Una investigación de Mapa de la Policía, una coalición de organizaciones de derechos humanos e investigadores, también verificó fotografías y videos e identificó al miembro de la Gendarmería que disparó el cartucho. Grillo fue trasladado a un hospital en estado crítico y sigue hospitalizado. Su estado de salud mejoró a finales de marzo.
Human Rights Watch también verificó otros videos y fotografías que muestran que, en al menos cinco ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad nacionales dispararon gases lacrimógenos, con pistolas antidisturbios de fabricación nacional, de forma imprudente y peligrosa, disparando los cartuchos horizontalmente contra manifestantes, en lugar de hacerlo en un ángulo seguro. En varios incidentes, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes que no estaban cometiendo actos de violencia, incluyendo personas mayores, con cañones de agua a alta presión desde camiones hidrantes.
Human Rights Watch también verificó seis videos que muestran a manifestantes lanzando piedras y escombros a las fuerzas de seguridad desde las veredas, incluso desde el interior de la plaza frente al Congreso. Tres videos muestran a manifestantes quemando un auto de la policía de la ciudad de Buenos Aires y contenedores de basura. Algunos manifestantes también hostigaron y agredieron físicamente a periodistas que cubrían la protesta. Según el Ministerio de Seguridad, 14 policías resultaron heridos.
El 12 de marzo, antes del inicio de la protesta, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que las fuerzas de seguridad estaban «desplegadas para hacer cumplir el protocolo» antipiquetes. Se trata de una resolución de diciembre de 2023 que permite a las fuerzas de seguridad usar la fuerza en circunstancias donde su uso no estaría justificado según el derecho internacional de los derechos humanos. El protocolo, en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación y permite a la policía utilizar la fuerza «aún cuando [los manifestantes] no crearen una situación de peligro». El protocolo no cuenta con disposiciones que obliguen a las fuerzas de seguridad a utilizar medios razonables en el uso de la fuerza y deroga una resolución de 2011 que prohibía a la policía utilizar pistolas antidisturbios para lanzar cartuchos de gas lacrimógeno como el que hirió a Grillo.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas en la protesta, entre ellas al menos cinco mayores de 60 años. Una jueza de la ciudad de Buenos Aires ordenó que todas fueran liberadas, argumentando que «no se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, ni se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos». El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra la jueza por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. El Ministerio de Justicia anunció que presentaría una denuncia disciplinaria contra la jueza ante el órgano encargado de sancionar y destituir a los jueces de la ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad también presentó una denuncia penal por sedición y otros delitos contra personas que señaló como los presuntos organizadores de la protesta, incluyendo dirigentes sindicales e intendentes de la oposición. El Código Penal argentino define la sedición, de forma amplia, como «alzar[se] públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales».
La definición vaga y amplia del delito de «sedición» en el Código Penal argentino puede ser utilizada para criminalizar la libertad de expresión o castigar desproporcionadamente a críticos, señaló Human Rights Watch.
Luego de la protesta, la ministra de Seguridad Bullrich dijo que el gobierno del presidente Javier Milei no investigaría el papel de las fuerzas de seguridad en la protesta del 12 de marzo y las elogió por «haber cuidado la democracia, las instituciones y a los ciudadanos».
Una fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales presentó dos denuncias penales sobre el accionar de las fuerzas de seguridad el 12 de marzo. No obstante, una disputa entre dos juzgados federales sobre cuál debe entender el caso ha paralizado la investigación.
Las autoridades judiciales y gubernamentales de Argentina tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones prontas, creíbles y exhaustivas sobre las evidencias de uso excesivo de la fuerza durante la protesta del 12 de marzo, señaló Human Rights Watch.
«El gobierno de Milei está blindando a las fuerzas de seguridad de cualquier intento de rendición de cuentas y presionando a jueces cuyos fallos buscan defender los derechos de los manifestantes», indicó Goebertus.
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