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Washington.- El gobierno estadounidense canceló ayer los números de Seguro Social de 6 mil migrantes que ingresaron legalmente al país, dejándolos fuera de muchos servicios financieros e impidiéndoles ejercer sus derechos civiles y políticos. Además, se agregaron sus identidades al registro de defunciones para promover su autodeportación, informó The Washington Post. La administración Trump ordenó comenzar con aquellos con condenas penales o presuntos nexos terroristas, aunque el esfuerzo podría ampliarse e incluir a aquellos con condenas menores o sin condena, agregó el Post.
Washington también apuntó a personas que llegaron temporalmente al país con programas de la administración Biden, incluyendo más de 900 mil inmigrantes que ingresaron mediante citas a través de la aplicación CBP One, implementada durante ese gobierno.
«Si quieren saber qué está haciendo el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) en la Seguridad Social, aquí lo tienen», declaró un funcionario de la Casa Blanca al periódico.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, grupo que impugnó varios esfuerzos del gobierno Trump en los tribunales, indicó que su organización probablemente presentará una demanda sobre los números de Seguro Social, una vez que se disponga de más detalles.
«Este presidente continúa participando en un comportamiento ilegal, violando la ley y abusando de nuestros sistemas de contrapesos», subrayó Perryman.
La agencia, que mantiene la base de datos federal más completa de individuos fallecidos, contiene más de 142 millones de registros desde 1899.
Por otro lado, la administración Trump rechazó ayer dar a una jueza federal información solicitada sobre Kilmar Ábrego, el migrante salvadoreño deportado por error, argumentando un plazo impracticable.
Los abogados de Ábrego expresaron indignación por la «arrogancia y crueldad» del mandatario, acusándolo de retrasar e ignorar órdenes judiciales, mientras la vida y seguridad de un hombre están en peligro.
La jueza Paula Xinis exigió a la administración informar sobre el paradero y estatus del salvadoreño, así como las acciones para su regreso. Tras una audiencia, Xinis concluyó que la administración incumplió sus instrucciones e insistió en recibir informes diarios hasta nuevo aviso, programando una nueva audiencia para el 15 de abril.
Asimismo, el estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, podría ser expulsado de Estados Unidos por considerarse un riesgo para la seguridad nacional, según un juez de migración en Luisiana.
«Hoy vimos materializarse nuestros peores temores: Mahmoud fue sometido a una farsa del debido proceso, una flagrante violación a su derecho a una audiencia justa y al uso de la ley de inmigración como arma para reprimir la disidencia. Esto no ha terminado, y nuestra lucha continúa», dijo uno de sus defensores.
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