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Washington – Un grupo de exfuncionarios estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, expresó su preocupación este sábado en una carta abierta sobre el “abuso de poder” por parte del expresidente Donald Trump, quien busca “vengarse” de sus críticos, luego de retirar las credenciales de seguridad de dos exfuncionarios.
La misiva incluye unas 200 firmas, entre ellas la de Ty Cobb, quien fue abogado especial de Trump en su primer mandato, junto a otros exfuncionarios de Gobiernos republicanos expertos en seguridad nacional. Estos mencionan dos memorandos ejecutivos de Trump a principios de abril, “dirigidos” a individuos específicos.
Dichos memorandos sancionaban a Chris Kebs, exdirector de la Agencia de Ciberseguridad, por negar que las elecciones de 2020 fueran “robadas”, y a Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, por “difundir falsedades” en un libro anónimo crítico con Trump.
“Estas acciones ejecutivas constituyen una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial: manipular las agencias federales para ejecutar venganzas personalizadas”, afirman los firmantes, quienes consideran que Trump atenta contra la libertad de expresión de estos exfuncionarios y le piden revocar las medidas.
Sostienen que Trump rompe con la tradición de presidentes de ambas tendencias políticas que han “evitado incluso la apariencia de irregularidad o influencia”. Además, lo vinculan con episodios “vergonzosos” de EE.UU., como la “lista de enemigos” de Richard Nixon, y advierten que va por el “camino de la autocracia, no la democracia”.
“Este tipo de comportamiento se espera más de un miembro déspota de la realeza que del líder electo de una república constitucional”, agregan.
Trump, por su parte, anunció ayer en su red social Truth Social que pronto emitirá nuevas “regulaciones” para empleados gubernamentales de carrera, para que, “en el caso de rechazar promover los intereses de política del presidente o tener comportamientos corruptos”, sean fácilmente despedidos.
Según el expresidente, estas regulaciones, que desarrollan una orden ejecutiva previa, permitirán al Gobierno “funcionar como una empresa”. Sin embargo, los expertos advierten que esto podría desproteger a miles de funcionarios bajo el pretexto de unos “intereses de política” que no están claros.
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