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Nueva York – La representante demócrata neoyorquina, Nydia Velázquez, afirmó a El Diario que no ha descartado proponer legislación junto a otros aliados en el Congreso para lidiar con las consecuencias fiscales, tanto en Puerto Rico como en el erario federal, de la Ley 22, que exime del pago de impuestos a estadounidenses adinerados que se establecen en la isla con promesa de inversión.
“Puedo decir que estamos analizando y estudiando qué soluciones legislativas a nivel del Congreso podemos considerar. Estamos en eso ahora mismo”, declaró la legisladora del Distrito 7 en una entrevista con este periódico.
La congresista agregó que cualquier iniciativa debe respetar la autodeterminación del gobierno local.
“Este es un tema que nos preocupa a los congresistas, ya que si estas personas favorecidas por esta ley no pagan contribuciones en Puerto Rico ni en los EE.UU., obviamente, esto perjudica al erario público federal, afectando la disponibilidad de fondos y recursos para escuelas públicas en EE.UU. y el cuidado de menores en comunidades desfavorecidas, lo cual nos obliga a prestar más atención y exigir mayor fiscalización por parte del gobierno federal”, argumentó la representante.
La demócrata se refiere, entre otras cosas, a las acusaciones que investiga el Servicio de Impuestos Internos (IRS) desde 2021, que sugieren que un centenar de beneficiarios de la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” estarían evadiendo impuestos sobre ingresos de origen estadounidense al mentir sobre su tiempo de residencia en la isla.
En marzo del año pasado, un equipo de la Oficina del Inspector General (GAO) viajó a Puerto Rico como parte del seguimiento de otra investigación solicitada por Velázquez, junto con los también representantes de origen boricua de NY, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres; así como el de Arizona, Raúl Grijalva, quien falleció el mes pasado.
La investigación responde a una petición que hicieron, en julio de 2023, los congresistas al director del GAO, Gene Dodaro, para una evaluación del impacto de las exenciones contributivas otorgadas a individuos y empresas bajo la Ley 60 de 2019, o Código de Incentivos de Puerto Rico. La Ley 22 forma parte de la 60, que consolidó todos los incentivos que otorga el gobierno local. La Ley 22, en particular, exime a los beneficiarios de los decretos del pago de impuestos sobre ingresos por intereses, dividendos y ganancias de capital.
El estatuto exige, como requisito para obtener el beneficio fiscal, que el extranjero no haya residido en Puerto Rico entre 2006 y 2012; que resida en la isla al menos 183 días al año; que done $10,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro, y que adquiera una vivienda en el territorio durante los dos primeros años de haber obtenido el decreto.
En la carta de los congresistas, del 20 de julio de 2023, señalaron que, aunque la ley buscaba atraer a inversionistas y empresas a la isla, existe la preocupación de que se haya convertido en un paraíso fiscal para ricos, “sin brindar ningún beneficio al pueblo de Puerto Rico”.
“Además de permitir que estas personas y empresas evadan impuestos locales, el estatus territorial de Puerto Rico también exime de impuestos federales sus ingresos provenientes de Puerto Rico. Esto se traduce en beneficios fiscales que los estadounidenses no podrían obtener en ningún otro lugar del mundo”, destaca la misiva.
El documento también menciona el supuesto impacto negativo de la ley en la recaudación del Departamento de Hacienda en la isla.
“Según el Informe de Gastos Tributarios de Puerto Rico para el Año Fiscal 2023, Puerto Rico perdió alrededor de $2,220 millones de dólares en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2017 y 2023. Solo en 2023, se estima que Puerto Rico perderá unos $342 millones debido a las exenciones fiscales”, expusieron los congresistas.
Además de las pérdidas en ingresos tributarios, el documento señala que el aumento en la compra de viviendas por parte de extranjeros no beneficia al empresario local.
“La demanda de vivienda puede verse afectada por la afluencia de personas adineradas que deben comprar residencias en la isla para acceder a la desgravación fiscal. Además, la Ley 60 favorece la llegada de empresas existentes a la isla para evadir impuestos, lo que podría desplazar a los empresarios puertorriqueños y obligar a las empresas locales a competir por recursos, como talento, clientes e infraestructura”, advirtieron.
Debido a lo anterior, los legisladores solicitaron al GAO que investigara detalles sobre la residencia, reubicación e ingresos de los beneficiarios de la Ley 60, los impactos de los beneficios fiscales en la economía de Puerto Rico y los esfuerzos para controlar el fraude, entre otros aspectos de la ley.
En la entrevista con este medio, Velázquez reiteró su preocupación sobre la falta de vivienda asequible en Puerto Rico, los desplazamientos y cómo la Ley 22 ha agravado la situación para los menos privilegiados en el territorio.
“Estos son los datos que tenemos: el ingreso medio en Puerto Rico es de $32,000 dólares al año, mientras que el precio medio de una vivienda es de $220,000 dólares. Esto significa que una persona que quiera obtener un préstamo hipotecario solo tendrá el 61% del ingreso necesario para calificar. El problema es más grave en áreas con mayor desarrollo económico, como San Juan, Dorado y Caguas”, compartió.
En este contexto, para la representante, la propuesta de la gobernadora Jenniffer González de imponer una tasa contributiva del 4% a los beneficiarios de la Ley 22 a partir del próximo año no es suficiente para solucionar los problemas que ha generado la exención fiscal.
“No hay duda de que los ricos que se han mudado a Puerto Rico, en un 93% aproximadamente provenientes de los Estados Unidos, han contribuido en gran medida a que en Puerto Rico sea prácticamente imposible comprar o rentar una propiedad, al enfocarse en adquirir propiedades para uso personal o alquiler, ya sea a corto o largo plazo. Esto ha disparado la especulación y, como consecuencia, sube el valor de las propiedades en Puerto Rico, y la clase media ha sufrido las consecuencias”, consideró.
Para Velázquez, medidas como el aumento en impuestos para propiedades de lujo o tasas impositivas más bajas solo si los inversionistas revitalizan propiedades en desuso o abandonadas podrían ser soluciones más efectivas.
“El problema que veremos en Puerto Rico es que una persona de la clase trabajadora no tendrá los fondos para revitalizar o comprar una vivienda y revitalizarla. Creemos que esa es un área que podría servir para que se puedan comprar esas propiedades que están en desuso o abandonadas. Por otro lado, la propuesta de la gobernadora de reducir la tasa sobre ganancias netas de capital al 4% (para los locales) no beneficia a la clase trabajadora ni a los pequeños negocios. De hecho, podría afectarlos más, ya que le quitará ingresos al erario”, añadió.
Como parte de su reforma tributaria, la gobernadora anunció, a principios de este mes, que reduciría significativamente la responsabilidad contributiva de todos los contribuyentes sobre las ganancias de capital, dividendos e intereses sin necesidad de obtener un decreto. “Con la aprobación de esta medida, se reducirá la obligación contributiva de entre 18 a 33% (dependiendo de la cantidad del aumento de capital anual) a 4%, equiparando la misma a la obligación contributiva de los beneficiarios de decretos de individuos residentes inversionistas”, dijo la primera ejecutiva.
Por otra parte, se busca imponer una tasa contributiva del 4% a los inversionistas que soliciten participar en el programa a partir del 1 de enero de 2026. Actualmente, estos individuos pagan cero.
Es importante señalar que quienes ya cuentan con un decreto bajo la ley 60 seguirán exentos del pago de contribuciones sobre las ganancias de capital, intereses y dividendos.
Las propuestas de la Administración González para los nuevos solicitantes también incluyen establecer un requisito de residencia previa para acogerse al programa y extender la Ley 60 hasta 2055. Actualmente, la vigencia es hasta 2035.
La Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo federal que maneja las finanzas de Puerto Rico desde 2019 en virtud de la Ley PROMESA aprobada en el Congreso, alertó a González y a su equipo sobre el impacto que tendrían las medidas en los ingresos del Gobierno.
Respecto a la investigación que realiza el IRS sobre supuestos evasores fiscales amparados en la Ley 22, Velázquez adelantó que busca reunirse con el nuevo comisionado del IRS para discutir su estado.
“El IRS sigue realizando investigaciones. Tuvimos varias reuniones con el comisionado del IRS (anterior). Obviamente, no podían compartir el estado de la investigación, porque es confidencial. Queremos hacer un acercamiento nuevamente al IRS para ver dónde se encuentra la investigación”,
Aunque Velázquez y organizaciones sin fines de lucro en el archipiélago presentaron en 2023 una solicitud de FOIA o bajo la “Ley de Libertad de Información” (Freedom of Information Act) para divulgar información, no se han proporcionado muchos detalles por parte del IRS sobre el curso de las investigaciones y sus resultados.
Cabe destacar que esta semana, el presidente Donald Trump destituyó a Gary Shapley como comisionado interino del IRS y, en su lugar, designó al subsecretario del Departamento del Tesoro, Michael Faulkend.
