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Miami, 3 abr (EFE).- Organizaciones de defensa de inmigrantes interpusieron una demanda contra el estado de Florida (EE.UU.) por una ley estatal recientemente sancionada que autoriza el arresto de indocumentados que, a sabiendas, ingresaron de forma irregular al país, y que fija sanciones penales contra los infractores.
La querella, presentada el miércoles ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, cuestiona la autoridad del estado para aprobar la ley SB 4-C. Esta ley criminaliza, en parte, a los indocumentados que entran o vuelven a entrar en Florida. La demanda alega que la ley es inconstitucional, según informó este jueves la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La demanda argumenta que la ley estatal viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, ya que la aplicación de las leyes migratorias es competencia federal.
Promulgada el pasado 13 de febrero por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, la SB 4C criminaliza a los inmigrantes y penaliza a los mayores de 18 años con encarcelamiento obligatorio por «ingreso ilegal» o «reingreso ilegal» al estado de Florida. Esto, en el caso de extranjeros que, sabiendo que no tenían permiso para entrar al país, lo hicieron.
La medida pone en la mira incluso a personas que buscan una solución migratoria como el asilo, que les permita permanecer legalmente en el país.
«Esta ley despoja de poder al gobierno federal y se lo da a funcionarios estatales sin capacitación ni autoridad en inmigración, amenazando con separar familias y detener a personas con todo el derecho legal de estar aquí», declaró Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, en un comunicado.
ACLU de Florida, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y Americans for Immigrant Justice presentaron la querella legal en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida e inmigrantes afectados, entre ellos residentes del estado de larga data con procesos migratorios pendientes o con familiares ciudadanos estadounidenses que dependen de ellos para su cuidado.
«La SB 4C de Florida no solo es inconstitucional, sino también cruel y peligrosa», subrayó Jackson.
Los demandantes han solicitado al tribunal que impida la aplicación de la ley «para evitar una mayor devastación» en las comunidades inmigrantes en Florida, señaló Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
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