Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Washington – El Departamento de Justicia busca emplear el privilegio ejecutivo para impedir que su abogada de indultos, despedida, informe al Congreso sobre las circunstancias de su salida, y envió a agentes federales armados a su domicilio para imponer restricciones a su testimonio, según cartas divulgadas el lunes.
Liz Oyer, quien afirmó haber sido destituida como abogada de indultos del departamento el mes pasado tras negarse a recomendar la restauración de los derechos de armas del actor Mel Gibson, figura entre varios testigos citados a comparecer el lunes ante una audiencia conjunta de legisladores de la Cámara y el Senado.
La audiencia, que presentará, entre otros, a un exfiscal de corrupción pública que dimitió en señal de protesta por la desestimación del caso del Departamento de Justicia contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, será la primera vez, en la nueva administración Trump, que exabogados del Departamento de Justicia hablen públicamente ante el Congreso sobre sus despidos y sus preocupaciones sobre el liderazgo de la agencia federal.
Antes de la audiencia, el Departamento de Justicia advirtió a Oyer que cualquier testimonio sobre las deliberaciones relacionadas con el proceso de indultos y la restitución de los derechos de armas se vería sujeto al privilegio ejecutivo, un principio legal que se refiere a la facultad del presidente de mantener información confidencial ante los tribunales, el Congreso y el público, para proteger la confidencialidad de las decisiones presidenciales.
Esa advertencia se comunicó en una carta que debía ser entregada en la casa de Oyer el viernes por la noche, según una carta separada de su abogado, Michael Bromwich, quien describió el episodio como un “incidente deplorable”. Oyer logró confirmar la recepción de la carta, que también fue enviada a su correo electrónico, e impedir la llegada de los alguaciles a su hogar, dijo su abogado.
“Esta medida, inusualmente drástica, de enviar agentes del orden armados a la casa de una ex empleada del Departamento de Justicia, que no ha incurrido en ninguna mala conducta, y mucho menos en ninguna conducta criminal, simplemente para entregar una carta, no tiene precedentes y es completamente impropia”, escribió Bromwich.
Portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Agregar Comentario