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Los empleados que reúnan los requisitos serán jubilados y los que no cumplan con ninguna de estas condiciones, bueno, pues deberán ser reubicados en el sector privado o en otra institución estatal, según explicó el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund.
Este Miércoles Santo, el Senado de la República retomó sus actividades para recibir el proyecto de ley que propone fusionar el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) en una sola institución gubernamental.
La pieza fue entregada a la Presidencia del Senado por el consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, quien estuvo acompañado por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y el comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo.
Peralta, quien leyó el comunicado enviado por el presidente Luis Abinader, explicó que la fusión busca fortalecer la sostenibilidad fiscal del país, garantizando el manejo responsable de los ingresos y gastos públicos, “con una visión a corto, mediano y largo plazo que impulse la estabilidad económica y social de la nación”.
Además, optimizar la planificación e inversión pública, asegurando la “coherencia y eficacia” de las estrategias de desarrollo sostenible y la coordinación interinstitucional.
El Poder Ejecutivo considera que esta unificación institucional podrá mejorar la administración financiera del Estado, integrando los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad gubernamental, contrataciones públicas y administración de bienes estatales.
Finalmente, resaltó que las autoridades gubernamentales podrán asegurar un “clima de inversión”, estableciendo “reglas claras” en materia de responsabilidad fiscal.
Los representantes del Gobierno recordaron las palabras del presidente cuando anunció este plan en septiembre de 2024: “todos los funcionarios y empleados que sean necesarios para mantener los distintos programas dentro de las nuevas instituciones serán absorbidos”.
No obstante, los empleados que cumplan los requisitos serán pensionados y “los que no cumplan con ninguna de estas condiciones, bueno, pues tendrán que ser ubicados en el sector privado o en otra institución del Estado”.
El documento legislativo aclara que el “personal activo” del Ministerio de Economía será evaluado con el fin de determinar la procedencia de su reubicación, el reconocimiento de derechos adquiridos y otras medidas aplicables, “tomando en consideración el perfil de competencias y la disponibilidad de cargos”.
Según los detalles ofrecidos por los funcionarios, la intención del gobierno es permitir la supresión del Ministerio de Economía, transfiriendo sus funciones de ordenamiento territorial, operación internacional y gestión de asociaciones sin fines de lucro al Ministerio de la Presidencia.
Esto pretende evitar “duplicidades y asegurar una administración más ágil y al tiempo de proteger los derechos e intereses del personal público y de las instituciones que se verán afectadas por la reorganización”.
Dentro de las competencias que recibirá el Ministerio de la Presidencia se encuentra la de ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y las contenidas en la Ley 368-22 Orgánica de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos.
Así como formular y verificar la implementación de la política transversal de gestión del riesgo de desastres con perspectiva de ordenamiento territorial, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente.
Además, formular y dirigir las políticas de fomento de las Asociaciones sin fines de lucro, conforme a lo dispuesto en la Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro.
Otras responsabilidades son el establecimiento de las políticas de cooperación internacional no reembolsable, acompañado de la Cancillería; “definir, formular, implementar y evaluar las políticas, las normas y los procedimientos” para la negociación, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable y participar en los procesos de acuerdos, convenios y contratos, que representan la deuda pública del Estado.
Desde que ocurrió el pasado 8 de abril el trágico colapso de la discoteca Jet Set, en el cual fallecieron más de 230 personas, el Congreso Nacional detuvo sus labores en modo de solidaridad con las víctimas.
Sin embargo, reabrió sus puertas este miércoles para recibir la pieza enviada por el Poder Ejecutivo.
El presidente del Senado de la República informó que el lunes, durante la reunión coordinadora en la cual participan los legisladores de todas las bancadas políticas, definirán el procedimiento legislativo para este documento.
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