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Santo Domingo.- Las recientes disposiciones migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader han suscitado un intenso debate nacional, entre sectores que las celebran como una acción necesaria para proteger la soberanía y otros que las consideran insuficientes o tardías.
La propuesta de 15 puntos presentada por el mandatario abarca desde el fortalecimiento del control fronterizo hasta sanciones por contratación ilegal de extranjeros, y ha puesto de nuevo el foco en el cumplimiento de la legislación migratoria vigente en República Dominicana.
En cumplimiento de lo prometido por el jefe de Estado, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó este lunes ante el Congreso Nacional un proyecto de ley con el que se busca modernizar el marco legal migratorio del país.
La iniciativa contempla la adecuación de las normas actuales a los nuevos retos en materia de control, registro, sanciones y seguridad fronteriza, así como una mayor coordinación institucional para garantizar el cumplimiento efectivo de las políticas migratorias.
Desde el sector construcción, Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (COPYMECON), expresó su respaldo a las medidas.
«Estamos de acuerdo y felicitamos al presidente por su determinación. Pero el tema de la mano de obra debe tratarse con un plan a corto, mediano y largo plazo», afirmó.
Cristopher sugirió que los planes de vivienda del Gobierno pueden ser herramientas para exigir el uso de trabajadores dominicanos y pidió mayor apoyo para formalizar a las pequeñas constructoras.
Recordó además que el sector ha sido tradicionalmente uno de los más informales y con mayor presencia de trabajadores extranjeros, por lo que instó a las autoridades a trabajar con las MIPYMES, la banca y el Banco Central para diseñar mecanismos de inclusión financiera y formalización empresarial.
«No tenemos suficiente mano de obra local para sustituir de inmediato la extranjera. Pero si se capacita y se integra al sector formal, podemos avanzar hacia la dominicanización del trabajo en construcción», subrayó.
En el ámbito político, el exministro y dirigente del PLD, Francisco Javier García, criticó al Gobierno por supuestamente reciclar promesas sin resultados.
«Desde 2020 vienen anunciando medidas similares. No se trata de discursos, sino de ejecutar las leyes», dijo. Agregó que «cuando al pueblo no se le cumple, ese mismo pueblo se convierte en su verdugo».
El excandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, también se sumó a las críticas, alegando que las acciones debieron tomarse «hace años» y que el país ha sido llevado a «niveles de descontrol sin precedentes» por falta de voluntad política.
Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, respaldó firmemente las medidas y afirmó que el Gobierno «por fin está hablando claro».
«La soberanía no se negocia y el control migratorio debe ser una política de Estado, no un tema coyuntural», expresó.
Más allá de las posiciones encontradas, diversos sectores han recordado que la legislación dominicana ya contempla sanciones en materia migratoria. La Ley General de Migración 285-04, promulgada en 2004, establece en su artículo 135, sanciones para quienes contraten extranjeros en situación migratoria irregular, incluyendo multas económicas, cierre temporal o definitivo del negocio e incluso la cancelación de licencias comerciales.
Además, el reglamento de aplicación de dicha ley (Decreto 631-11) ordena a las autoridades actuar frente a la contratación informal y el tráfico de personas.
Pese a estas disposiciones legales, expertos señalan que la falta de aplicación rigurosa ha permitido que la informalidad crezca, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.
El nuevo paquete de medidas del Gobierno busca, precisamente, activar estos mecanismos existentes y reforzar su cumplimiento, aunque aún persisten dudas sobre su implementación.
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