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Protestan por los recortes laborales en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Una coalición de fiscales generales de 23 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia demandaron al Gobierno de Donald Trump por recortar «abrupta e ilegalmente» 11,000 millones de dólares de fondos para la salud pública.
Según la demanda, presentada ante la corte federal del distrito de Rhode Island, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., envió el pasado 24 de marzo avisos a los departamentos de salud estatales y locales informando del recorte de los fondos, sin previo aviso.
Los fondos asignados por el Congreso, que buscan eliminar como parte de los esfuerzos de la Administración Trump para reducir gastos gubernamentales, se destinan a una amplia gama de necesidades urgentes de salud pública, incluyendo la identificación, el seguimiento y el tratamiento de enfermedades infecciosas; asegurar el acceso a vacunas, la prevención del suicidio y la atención de salud mental, además de modernizar la infraestructura, según un comunicado conjunto.
Los fiscales aseguran que, de no restablecerse la financiación, habrá que desmantelar programas e iniciativas clave de salud pública en todo el país, miles de trabajadores perderán sus empleos y habrá consecuencias «devastadoras» para las comunidades en todo el territorio.
Con esta acción legal, la coalición busca que el tribunal emita una orden de restricción temporal para mantener y restaurar de inmediato la financiación de la salud pública «debido al daño irreparable que sufrirían las jurisdicciones sanitarias locales». En Nueva York, ya se han cancelado más de 400 millones de dólares, incluyendo más de 300 millones para el Departamento de Salud del estado, la Oficina de Salud Mental y la de Apoyo a las Adicciones, de acuerdo con la fiscal general.
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