Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
El magistrado Samuel Alito y su colega Clarence Thomas, ambos de tendencia conservadora, fueron los únicos en disentir de la decisión de la mayoría de los nueve jueces.
Un juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos criticó la intervención del máximo tribunal el sábado, al suspender la deportación de migrantes venezolanos ordenada por el expresidente Donald Trump, calificando la decisión como “apresurada” y “legalmente dudosa”.
La más alta instancia judicial del país detuvo, en las primeras horas del sábado, la deportación de presuntos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, después de una orden del gobierno de Trump invocando una ley del siglo XVIII utilizada solo en tiempos de guerra.
El magistrado Samuel Alito y su colega Clarence Thomas, ambos conservadores, fueron los únicos que se opusieron a la decisión de la mayoría de los nueve miembros de la institución.
“Literalmente, en medio de la noche, la Corte emitió una medida sin precedentes y legalmente cuestionable (…) sin escuchar a la parte contraria en las ocho horas siguientes a la recepción de la demanda”, argumentó Alito en un escrito.
“No teníamos ninguna buena razón para pensar que, en esas circunstancias, publicar una orden a medianoche era necesario o apropiado”, añadió.
La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos y de los ciudadanos, presentó un recurso para evitar la “expulsión inminente” del grupo de venezolanos.
El mes pasado, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La semana pasada, la Corte Suprema también ordenó al gobierno de Trump “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país precisamente bajo la misma ley.
Kilmar Ábrego García vivía en Maryland y tenía un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en peligro.
El Gobierno de Trump reconoció un “error administrativo” en la deportación de Ábrego García.
Sin embargo, Trump insiste en que Ábrego García es miembro de una banda criminal e incluso publicó el viernes en las redes sociales una foto manipulada en la que aparece un símbolo de una banda tatuado en sus nudillos.
Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión de extrema seguridad es considerada la cárcel más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40,000 reclusos.
Agregar Comentario