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Washington – Un juez federal en Washington D.C. abrió este jueves la posibilidad de declarar al Gobierno de Trump en rebeldía por haber enviado a más de 200 migrantes, mayormente venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
Durante una audiencia esta tarde, el juez James Boasberg se mostró escéptico ante los argumentos del abogado del Gobierno e incluso sugirió que es posible que la Administración haya actuado «de mala fe» para apresurar los vuelos y eludir el escrutinio judicial.
«Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día era legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron», indicó Boasberg.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, que surgió en prisiones venezolanas.
Un día después de que Trump invocara la ley, el juez Boasberg bloqueó su uso, justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes, y ordenó el retorno de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso el presidente Donald Trump insinuó llevar a un juicio político al juez Boasberg.
En la audiencia, el juez interpeló al abogado del Gobierno sobre la secuencia de eventos del día en que despegaron los vuelos e indicó que la Administración decidió acelerar la expulsión de los migrantes para evitar que los tribunales interfirieran.
«Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí», insistió el juez.
Decenas de familiares de los migrantes, ahora detenidos e incomunicados en la megaprisión CECOT, notoria por denuncias de abusos a los derechos humanos, han señalado que sus seres queridos no tienen historial delictivo y han defendido que están siendo encarcelados injustamente.
El abogado del Gobierno indicó no tener conocimiento sobre los funcionarios que tomaron, en última instancia, la decisión de continuar con los vuelos pese a que la organización ACLU ya había presentado una demanda y el letrado defendió que la Administración actuó dentro de la legalidad.
El juez Boasberg aclaró que no espera tomar una decisión sobre este caso esta semana y citó a las partes a una nueva audiencia el próximo martes.
El caso, enmarcado en la agresiva política migratoria del Gobierno Trump, que ha asegurado que la banda criminal transnacional Tren de Aragua está «invadiendo» el país, está poniendo en tela de juicio la separación de poderes en EE.UU. JS
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