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WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump emplear una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos, pero determinó que estos deben tener una audiencia judicial antes de ser expulsados del país.
En una decisión de 5-4, la corte dictaminó que el gobierno debe conceder a los venezolanos a los que acusa de ser miembros de pandillas un “tiempo prudencial” para acudir a los tribunales.
No obstante, la mayoría conservadora indicó que las impugnaciones judiciales deben realizarse en Texas, y no en un tribunal de Washington.
La decisión de la corte parece impedir que el gobierno reanude de inmediato los vuelos en los que el mes pasado se trasladó a cientos de migrantes a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Los vuelos se efectuaron poco después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar las deportaciones bajo una proclama presidencial que catalogó a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.
La mayoría no mencionó esos vuelos, los cuales partieron sin permitir que se celebraran las audiencias que los jueces ahora dicen que son necesarias.
En su disentimiento, los tres jueces liberales dijeron que el gobierno ha buscado evitar la revisión judicial en este caso y que la corte “ahora premia al gobierno por su conducta”. La jueza Amy Coney Barrett se sumó a partes del disentimiento.
La jueza Sonia Sotomayor señaló que sería más arduo para las personas impugnar las deportaciones de forma individual, dondequiera que estén detenidas, y destacó que el gobierno también ha dicho en otro caso ante la corte que no puede repatriar a las personas que han sido deportadas por error a la cárcel de El Salvador.
“Nosotros, como nación y como corte de justicia, deberíamos ser mejores que esto”, escribió Sotomayor.
Los jueces resolvieron la apelación de urgencia que presentó el gobierno después de que la corte de apelaciones federal en Washington ratificara una orden que prohibía temporalmente las deportaciones de los migrantes acusados de ser miembros de pandillas al amparo de la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros (AEA).
“Con todo y la retórica de la disidencia”, escribió la corte en una opinión no firmada, la orden del máximo tribunal confirma “que los detenidos sujetos a órdenes de deportación al amparo de la AEA tienen el derecho a ser notificados y a tener la oportunidad de objetar su deportación”.
El caso se ha convertido en un punto de controversia en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Es la segunda vez en menos de una semana que una mayoría de jueces conservadores le otorga a Trump al menos una victoria parcial en una apelación de urgencia después de que los tribunales de instancia inferior bloquearan partes de su agenda.
Existen muchos otros casos pendientes, incluyendo un plan de Trump para negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que están en el país sin autorización legal.
Trump elogió la decisión de la corte.
“La Corte Suprema ha ratificado el imperio de la ley en nuestra nación al permitir que un presidente, cualquiera que sea, pueda fortalecer nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro país. ¡Un gran día para la justicia en Estados Unidos!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.
La orden original que bloqueaba las deportaciones a El Salvador fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, el juez principal en el tribunal federal de Washington.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron la demanda en nombre de cinco venezolanos que se encontraban detenidos en Texas, pocas horas después de que se anunciara la proclamación y mientras las autoridades de inmigración escoltaban a cientos de migrantes hacia los aviones.
Boasberg ordenó una suspensión temporal de las deportaciones y que los aviones que trasladaban a los inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no sucedió. El juez celebró una audiencia la semana pasada sobre si el gobierno desobedeció su orden de enviar a los aviones de regreso a suelo estadounidense. El gobierno ha invocado un “privilegio de secretos de Estado” y se ha negado a proporcionarle a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido que Boasberg sea destituido. En una inusual declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
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