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Un juez de Nuevo México (EE.UU.) dimitió tras el arresto de un indocumentado en una de sus propiedades, presuntamente conectado con el grupo criminal Tren de Aragua, según revelaron este lunes medios locales.
José Joel Castro, juez del condado de Doña Ana durante casi 15 años, renunció en marzo pasado después de que las autoridades migratorias registraran una de sus propiedades en Las Cruces (Nuevo México) y detuvieran a Cristhian Ortega-López, de 23 años y nacionalidad venezolana, según informó la televisora FOX este lunes.
Ortega-López entró a Estados Unidos en diciembre de 2023 por Eagle Pass (Texas) y fue puesto en libertad condicional.
El inmigrante venezolano, que se había establecido en El Paso (Texas), entabló una amistad con la esposa y la hija del juez, tras realizar trabajos de construcción en una propiedad del magistrado.
Las familiares del juez permitieron a Ortega López quedarse en una pequeña edificación cercana a la casa principal. El joven informó a las autoridades migratorias sobre su nueva dirección.
Agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) comenzaron a investigar los supuestos vínculos del inmigrante con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua, originado en una cárcel venezolana, en enero pasado, según documentos judiciales citados por la televisora, lo que llevó a su arresto.
Ortega López fue acusado por posesión de armas. Varias fotografías publicadas en redes sociales muestran al joven inmigrante sosteniendo armas y, en su tiempo libre, supuestamente participaba en entrenamientos en un campo de tiro.
La fiscalía afirma que April Cano, la hija del juez “quien poseía una gran cantidad de armas de fuego”, le permitía portar y, en ocasiones, disparar varias armas de fuego, presuntamente incluyendo rifles y una pistola, al inmigrante, según documentos citados por el periódico Albuquerque Journal.
Bajo la ley federal estadounidense, los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a poseer armas ni a dispararlas.
No está claro cuáles son las pruebas que relacionan a Ortega López con la banda transnacional, que ha estado en la mira del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.
Las autoridades aún investigan si Cano, su esposa y la hija podrían ser acusados de encubrimiento, complicidad o apoyo material a una organización criminal extranjera. EFE
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