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NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lideró hoy una coalición de otros 18 fiscales generales al demandar a la administración Trump debido a su requisito sin precedentes e ilegal para que los estados terminen con las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas, poniendo en riesgo miles de millones de dólares en fondos educativos. El 3 de abril, el Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED) comunicó a las agencias educativas estatales que, para continuar recibiendo fondos esenciales, deben firmar una nueva certificación que afirme que no participarán en prácticas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, sin definir cuáles serían. Nueva York, al igual que muchos otros estados, no firmó la certificación del 3 de abril, haciendo notar su compromiso de larga data de acatar las leyes de derechos civiles. Miles de millones de dólares que apoyan a los estudiantes de bajos ingresos, brindan servicios de educación especial y ayudan a niños vulnerables en cuidado de crianza están en peligro debido a las nuevas políticas de la administración. La fiscal general James y la coalición afirman que la nueva directiva de ED es ilegal e inconstitucional. La coalición busca una orden judicial que declare ilegal la demanda de certificación del 3 de abril y evite su implementación.
“Cada estudiante tiene el derecho fundamental de aprender en un entorno acogedor y abierto a todos”, dijo la fiscal general James. “La administración Trump está tratando ilegalmente de frenar los esfuerzos que impiden la discriminación en nuestras escuelas, apoyan a los estudiantes con discapacidades y proveen recursos a los estudiantes necesitados, al mismo tiempo que pone en peligro miles de millones de dólares en fondos esenciales para la educación federal. Como egresada orgullosa de las escuelas públicas de Nueva York, siempre daré un paso adelante para proteger nuestras escuelas y detener los ataques ilegales contra nuestros estudiantes más vulnerables”.
Desde el 20 de enero, el presidente Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas que buscan prohibir las prácticas no especificadas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión, y castigan a las instituciones, incluidas las escuelas K-12, que participan en programas que considera ilegales. El 3 de abril, ED implementó las políticas de la administración Trump, exigiendo que las agencias educativas estatales tuvieran diez días para certificar que no participarían en programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión. Las agencias estatales también fueron obligadas a obtener certificaciones de todas sus agencias de educación locales o proponer planes para la aplicación de las directrices para esos sistemas escolares locales. Posteriormente, ED extendió el plazo hasta el 24 de abril.
En Nueva York, ED proporciona más de $3 mil millones en fondos para el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), que supervisa los programas de educación K-12 que atienden a más de 2.4 millones de estudiantes. Esta financiación es crucial para brindar acceso a oportunidades educativas a todos los estudiantes de Nueva York.
Por ejemplo, NYSED distribuirá casi $1.4 mil millones en fondos federales del Título I este año fiscal a los distritos escolares, para ayudar a asegurar que los estudiantes de bajos ingresos tengan los recursos necesarios para superar las barreras para el aprendizaje y el éxito. Nueva York también recibe casi $1 mil millones en fondos asignados por el Congreso en virtud de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. Estos fondos ayudan a los más de 450,000 estudiantes con discapacidades en Nueva York a obtener los servicios a los que tienen derecho por ley federal.
La pérdida de fondos federales sería catastrófica para los estudiantes de todo el estado de Nueva York. Dos de los distritos escolares más grandes de Nueva York, los distritos escolares de Rochester y Buffalo City, reciben más del 17 por ciento de sus ingresos de fondos federales, mientras que los distritos escolares de Syracuse y Binghamton City reciben más del 14 por ciento.
Como afirman la fiscal general James y la Coalición en la demanda, la administración Trump no ha definido lo que constituye una “práctica ilegal de diversidad, equidad e inclusión”. Por ejemplo, la demanda señala que, cuando se le preguntó a la Secretaria de Educación, Linda McMahon, en su audiencia de confirmación, cómo una escuela discerniría si estaba ejecutando un programa ilegal de diversidad, equidad e inclusión, no pudo proporcionar una definición de diversidad, equidad e inclusión, y mucho menos dar una respuesta sustantiva.
Además, la directiva de ED ignora el hecho de que innumerables programas que apoyan la diversidad, la equidad y la inclusión son requeridos por las leyes federales de derechos civiles y financiación, y que las leyes federales prohíben que el gobierno federal interfiera con los planes de estudio o programas de educación estatal y local.
La fiscal general James y la Coalición argumentan que la demanda de certificación del 3 de abril de Trump viola la Ley de Procedimiento Administrativo y es contraria a numerosas leyes, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las leyes federales que prohíben la interferencia federal con las políticas de educación estatales y locales. También viola la constitución al retener la financiación que el Congreso asignó y coloca condiciones ilegales en los fondos federales.
Con esta demanda, la fiscal general James y la Coalición buscan una orden judicial que impida a ED implementar la demanda de certificación del 3 de abril, o imponer cualquier otra demanda similar a los estados.
Esta demanda está dirigida por la fiscal general James y las fiscales generales de California, Illinois, Massachusetts y Minnesota. Se unen a esta demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
2025-04-25 18:33:00
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fiscal general James demanda administración Trump por movimientos para reducir miles millones fondos educación estatal
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