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“Esta decisión” podría tener efectos rápidos y negativos en quienes necesitan atención médica -incluidas mujeres a punto de dar a luz- y no desean acudir por considerar que los hospitales no son seguros, explicó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.
Dujarric agregó que, si bien cada nación tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras, proteger su soberanía y establecer su política migratoria, es crucial “respetar la dignidad de los migrantes y los derechos humanos”.
El país comenzó este lunes a solicitar documentos de identidad a los haitianos que buscan atención en hospitales públicos, donde la presencia de migrantes embarazadas o recién paridas es alta.
El protocolo, implementado en 33 hospitales públicos, implica que inspectores y agentes de migración comprueban que las pacientes tengan identificación válida, contrato de trabajo y comprobante de domicilio en el país, y que cubran el costo de los servicios. De no ser así, recibirán atención médica y, una vez recuperadas, serán deportadas.
Esta medida forma parte de un conjunto de normas anunciadas hace dos semanas por el presidente del país, Luis Abinader, para gestionar la inmigración irregular desde Haití, país vecino con el que comparte la isla La Española.
Dujarric también resaltó que el personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asistió este martes en la frontera a 416 migrantes haitianos deportados, entre ellos once mujeres embarazadas y 16 mujeres amamantando a sus bebés.
En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes irregulares, alrededor de 10.000 por semana, lo cual afecta en la práctica a casi todos los haitianos en el país vecino.
Desde que se tomó esta medida, según cifras oficiales, más de 180.000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, a pesar de los llamados de organizaciones internacionales para evitar devoluciones a un país donde en 2024 más de 5.600 personas murieron a causa de la violencia.
