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La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha iniciado varias “diligencias procesales” relacionadas con las empresas y propiedades de Antonio Espaillat, como parte de la investigación.La Procuraduría General de la República (PGR) ha tomado medidas ante informes que sugieren que el empresario Antonio Espaillat López estaría realizando movimientos para transferir bienes a su nombre. El órgano acusador interpretó esto como una posible estrategia para eludir la compensación a las numerosas víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.La Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección de Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades de Antonio Espaillat, como parte de la investigación en relación con la tragedia en la discoteca Jet Set, donde fallecieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.Entre estas diligencias, se interpusieron oposiciones a traspasos de bienes que estaban en proceso. Según el Ministerio Público, esta es una medida para proteger los derechos de las víctimas, después de que el pasado martes 8 de abril colapsara completamente el techo de concreto de la discoteca mientras se celebraba una fiesta con el merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el lugar.”El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, comentó una fuente cercana a la investigación, señalando que las mismas diligencias se están llevando a cabo bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.Indicó que esto tiene como objetivo evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados durante el proceso judicial.Precisó que esto no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que, de manera administrativa, se pueda detener cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes relacionados con Espaillat.La investigación se centra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, especialmente la sociedad bajo la cual operaba el emblemático centro de espectáculos de Santo Domingo.A pesar de que Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y con la disposición de sus empresas a colaborar en la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y el cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.En su párrafo 1, sostiene que, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, promoverá la resolución alternativa de conflictos, dispondrá la protección de víctimas y testigos, y defenderá el interés público tutelado por la ley.Mientras que en el párrafo II, señala que la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público y otro organismo que a tal efecto se constituya.Mientras que el artículo 170, sobre autonomía y principios de actuación, aduce que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y ejercerá sus funciones conforme a los principios de legalidad, unidad de actuaciones, jerarquía, individualidad y responsabilidad.
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