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Esta disposición busca organizar la atención a pacientes extranjeros, garantizar el acatamiento de las leyes migratorias existentes y favorecer la viabilidad del sistema hospitalario del país. Los inspectores y agentes migratorios revisarán que los pacientes presenten una identificación válida, constancia de empleo, comprobante de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios. De lo contrario, recibirán atención médica y, una vez recuperados, serán repatriados según lo establecido por el Poder Ejecutivo. El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró que esta política se aplicará respetando el debido proceso y los derechos humanos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como menores, embarazadas y pacientes en estado crítico. Previamente a su implementación, la DGM, en conjunto con el Servicio Nacional de Salud (SNS), organizó un taller de socialización del protocolo con personal de salud, administrativo y de seguridad de los hospitales, con el objetivo de definir los criterios técnicos y capacitar a los equipos involucrados. Esta medida refuerza el compromiso de la DGM con el orden migratorio, la eficiencia operativa y la protección de los recursos públicos.
