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Cáceres duplica a Badajoz. UGT solicita inhibidores actualizados que impidan el ingreso, ya que, además, desencadenan situaciones de violencia entre los reclusos. También exige esta tecnología para evitar la entrada de drones.
El sindicato ACAIP-UGT considera “urgente” una inversión “decidida” en tecnología de seguridad moderna en las cárceles, dado que los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, están obsoletos. “Es indispensable equipar a los centros penitenciarios con sistemas de inhibición renovados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen áreas restringidas”, señala el sindicato.
Y es que UGT se hizo eco ayer de un informe que revela que se han decomisado hasta 270 móviles en el interior de las prisiones extremeñas en los últimos cinco años. Cáceres lidera, con 183 incautaciones, mientras que Badajoz registró 84. Solo en 2024, el centro penitenciario cacereño decomisó 32, y el pacense 17. En el conjunto del país, la cifra se eleva a 12.882.
El sindicato resalta “el esfuerzo y compromiso” de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los “medios limitados” y la “creciente sofisticación” de los métodos de introducción, siguen trabajando “intensamente” para frenar este “contrabando”.
Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos “especialmente peligrosos”, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. De hecho, el acceso a los móviles “no solo les permite continuar con su actividad delictiva, además genera conflictos internos, deudas entre presos y violencia relacionada con su control y posesión”.
Una realidad a la que los funcionarios se enfrentan “con medios claramente insuficientes”, ya que los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan “fácilmente” a los detectores de metales y pueden esconderse “en los lugares más insospechados”.
Esto obliga a realizar “requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal”, algo que hoy en día “no se garantiza en todos los centros”.
Además, han surgido nuevos métodos de introducción que son una “grave amenaza para la seguridad”, como los drones, cuya capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en “vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros”.
Desde el sindicato subraya que la seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles “desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario”.
La lucha contra esta amenaza debe ser una “prioridad” para la Administración, insiste UGT, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para “garantizar el orden y la seguridad” en los centros.
Por todo ello, ACAIP-UGT reclama una respuesta “firme, moderna y eficaz” para hacer frente a esta “amenaza constante”, ya que la seguridad de las prisiones “no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios”, sino que requiere “compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica”.
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